En los próximos días Argentina tendría una nueva ley de energías renovables. Se trata de la propuesta presentada por el legislador de Chubut, Marcelo Guinle, del Frente para la Victoria (FPV), que se esperaba que fuera discutida en las sesiones sucesivas a la aprobación de las comisiones de Presupuesto y Energía de Diputados, pero por cuestiones de campaña y prioridades del Poder Ejecutivo, todavía espera tratamiento. No hay dudas que sale este año.

¿Qué cambios va a introducir en el negocio? Si bien se espera una reactivación del mercado, sobre todo en un primer momento de la tecnología eólica en zonas de fuertes vientos, hay subsectores que plantean ajustar su articulado durante el proceso de reglamentación, no del todo conformes con algunos puntos.

¿Quién se va a ocupar de trabajar en este aspecto? Según indicaron fuente del sector, allegados a Guinle ya recibieron la propuesta para tomar la posta. De ser así, no habría cambios sustanciales o de contenido. Sin embargo, por experiencias anteriores, los industriales prefieren que no sea personal de la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico (CAMMESA) o ENARSA quiénes asuman tal responsabilidad.

Uno de los puntos que no convence del todo a los referentes de la actividad tiene que ver con la obligación que establece el proyecto de ley de comprar energía renovable sólo a los grandes usuarios, que representan el 32 por ciento de la demanda. Bajo este marco, el resto de los consumidores quedarían con las mismas complicaciones para acceder al financiamiento.

¿Van a respetar las grandes empresas esta exigencia? Cuesta pensar que van a incorporar un 8 por ciento de energía renovable en 2017, a precios altos, en un contexto de subsidios a la energía eléctrica. ¿Habrá sanciones en caso de incumplimiento? También prima la incertidumbre sobre este tema.

Otro aspecto que sería objeto de debate en esta instancia es el techo de 113 dólares para contratos entre privados, lo que no garantizaría la diversificación de la matriz. Así como está el texto promociona las variantes más económicas, guiando las inversiones en términos de mercado. Es una diferencia conceptual respecto del programa GENREN, lanzado en 2009, que ponía al Estado como eje articulador y guía del negocio.