Tres senadores de distintos bloques, Silvina García Larraburu (FpV), Adolfo Rodríguez Saá (PJ) y Julio Cobos (UCR-Cambiemos), están trabajando en un proyecto de Ley común de Balance Neto de alcance nacional con la intención de permitirle a todos los usuarios residenciales, comerciales e industriales la inyección de energía renovable a la red eléctrica.

La propuesta fue tratada el miércoles de la semana pasada en la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, precedida por el senador del Frente para la Victoria (FpV) Guillermo Pereyra, pero no obtuvo dictamen dado que se propusieron modificaciones al texto.

Actualmente la mesa de trabajo está incorporando las sugerencias, tales como establecer líneas de crédito del Banco Nación para la adquisición de fuentes limpias, habilitar a empresas la posibilidad de ofrecer equipos de energías renovables en comodato para la generación y la extensión impositiva de los mismos para facilitar su acceso a los usuarios residenciales con un bajo costo.

Por su parte, Fernando ‘Pino’ Solanas, aporto nuevas ideas a la elaboración de este texto unificado. Al igual que García Larraburu, Rodríguez Saá y Cobos, el senador por el Proyecto Sur también había presentado una propuesta de autogeneración mediante energías renovables en la cámara alta. Lo hizo durante el año 2015.

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Ahora la propuesta y se postergará para marzo del año entrante, tras la apertura de un nuevo período ordinario de la Cámara de Senadores.

No obstante, Guillermo Lema, asesor de la senadora García Larraburu, en diálogo con energiaestrategica.com, confía: “mientras tanto vamos a seguir avanzando en la elaboración de un texto que sea lo más amplio e inclusivo posible”.

“Siempre están las puertas abiertas para escuchar y consensuar modificaciones”, asegura el asesor.

¿Por qué Balance Neto?

Lema cuenta que establecer un marco de tarifa diferencial (Feed in tariff) es “entrar en una discusión mucho más compleja”, capaz de relentecer un mecanismo que permita la inyección de energía limpia a la red.

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El asesor de la senadora García Larraburu explica que al momento de avanzar sobre un proyecto, desde el equipo de trabajo estudiaron distintas legislaciones, como la de Chile, Uruguay, Brasil, Australia, Alemania, Japón, Estados Unidos, y que por diferentes razones ninguna es trasladable a nuestro país sin modificaciones. “Lo que buscamos es una alternativa que se aplique a la realidad argentina y la mejor forma es hacer una medición neta entre lo producido y lo consumido”, cierra Lema.