La iniciativa plantea la adhesión a la Ley Nacional N° 27.191, modificatoria de la Ley Nacional N° 26.190. Ambas normas instauran este sistema, que tiene como objetivo lograr un incremento en la participación de las fuentes de energía renovable en la matriz eléctrica hasta alcanzar el 8% del consumo anual nacional, hasta el 31 de diciembre del año 2017, aumentando dicha participación porcentual de forma progresiva hasta alcanzar el 20% al 31 de diciembre del año 2025.

Del mismo modo, el proyecto propone autorizar a la Agencia de Recaudación Tributaria a dictar las reglamentaciones que resulten necesarias para la promoción de las disposiciones de las Leyes, al tiempo que se invita a los municipios a adherir a las normas.

En los considerandos del proyecto, se explica que el Ministerio de Energía y Minería de Nación, en su carácter de Autoridad de Aplicación, inició el procedimiento de Convocatoria Abierta Nacional e Internacional para la contratación de energía eléctrica de fuentes de generación renovables, denominado “Programa RenovAr”.

En este contexto, se invita a las provincias a adherir a ambas leyes y a dictar en sus respectivas jurisdicciones su propia legislación, destinada a promover la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, tales como la exención de tributos locales que puedan incidir sobre estos proyectos de inversión, entre otros.

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La adhesión a la Ley Nacional N° 27.191 se torna necesaria para que el Programa sea exitoso –no solo en la incorporación de energías renovables en la matriz energética, sino también en lograr una amplia distribución federal- para atraer la mayor cantidad de proyectos de inversión, lo que redundará en un mayor beneficio tanto para la Nación como para la provincia de Río Negro.

Asimismo, se remarca que la Constitución de Río Negro, en su Artículo 68°, promueve el desarrollo de tecnologías apropiadas de innovación y de avanzada, que apoyen el desarrollo económico y social provincial y su intercambio con la Nación y Latinoamérica, como así también fomenta la cooperación entre las instituciones de investigación científica, de desarrollo tecnológico y de empresas productivas, públicas y privadas, evitando la dispersión y duplicación de esfuerzos.

Además, el proyecto presentado por el Ejecutivo Provincial se encuentra en consonancia con los preceptos constitucionales establecidos en los Artículos 69° y 84° de la Carta Magna provincial, esto es el derecho al acceso a los beneficios de la ciencia y de la tecnología y el derecho a gozar de un medio ambiente sano, respectivamente.