En lo que de los 2 meses de gestión del nuevo gobierno, la Cámara Argentina de Consultoras de Ingeniería (CADECI) se reunió con diferentes autoridades de los Ministerios de Energía y Minería y Obra Pública de la Nación.

En todos los casos hemos notado buena predisposición. Están evaluando los procesos, tomando conocimiento del estado de los proyectos, de las obras”, cuenta a energiaestrategica.com, Pablo Chelmicki, gerente de la entidad conformada por empresas de consultoría de Argentina.

Estamos teniendo reuniones con distintas áreas, por un lado, siempre tratando de colaborar con todas las gestiones que se están haciendo y por otro lado viendo qué desarrollo se van realizar. Para todas las cuestiones en las que requieren información nosotros estamos para aportarlas”, resalta el ingeniero. Como balance de los encuentros, enfatiza: “Al menos la información que nos están dando es que va a haber mucho trabajo, muchos proyectos en carpeta”.

En los próximos días, la CADECI se reunirá con Jorge Marcolini, subsecretario de Energía Hidroeléctrica del Ministerio de Energía y Minería de la Nación para llevarle propuestas concretas.

Una de las solicitudes será continuar con los proyectos hidroeléctricos en carpeta de la administración kirchnerista motorizados a partir de la ex Secretaría de Energía de la Nación.

Otro de los tópicos que se planteará en la audiencia será la necesidad de una revisión en los procesos de licitación para la construcción de presas. Según el Gerente de CADECI hoy día se licita con la presentación de anteproyectos, lo que permite abaratar entre un 1 y 2 por ciento los costos de la obra, pero que al no hacerse presentaciones de procesos completos más tarde los plazos y tiempos de las obras se extienden.

La experiencia indica que las obras terminan costando entre un 20 y un 30 por ciento más y los plazos se terminan alargando hasta un 50 por ciento más”, calcula el ingeniero.

Además, la propuesta de un precio que se adecue a los desfasajes en el tiempo. Generalmente, el proyecto de construcción dura entre 1 y 2 años, y el estado suele pagar con demora de entre 3 a 6 meses por lo que el ritmo inflacionario termina perjudicando a la empresa adjudicataria. “Les dicen (a las empresas licitantes) que pasen en el presupuesto la inflación pero es difícil medirla con los índices de Nación; además se hace menos competitiva una empresa a la hora de licitar”, explica Chelmicki.