Pareciera ser que un proyecto de más de 30 MW deja de ser un proyecto de energía renovable y eso no tiene lógica porque en todo el mundo, inclusive el Comité Mundial de Presas, considera a la presas hidroeléctrica como sistemas de energías renovables independientemente de los MW de potencia instalada que tenga. Esto desalienta una posible inversión en  proyectos del orden de los 100, 200 o 300 MW que podrían promoverse en distintas regiones del país”, explica a energiaestrategica.com Pablo Chelmicki, gerente de Cámara Argentina de Consultoras de Ingeniería (CADECI).

Es que la Ley 26.190, aprobada en 2006 y reglamentada en el 2009, en su artículo 4 exime de los beneficios promocionales a los proyectos hidroeléctricos superiores a los 30 MW, punto que no fue modificado por el proyecto de Ley del senador chubutense por el Frente para la Victoria (FpV) Marcelo Guinle que ya goza de media sanción en la cámara alta y podría ser sancionada próximamente en Diputados.

Es por ello que la CAP y la CADECI enviaron sendas cartas al presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, para que se modifique ese aspecto y no se establezca un límite para la tecnología hidroeléctrica, pero aún no han obtenido respuestas.

Para que se tomen cartas en el asunto, ambas organizaciones que nuclean a empresas desarrolladoras de proyectos hidroeléctricos decidieron también enviar documentos a todos los legisladores y actores implicados a la ley para que reconsideren este aspecto. Actualmente se encuentran dialogando con bloques de distintos signos políticos.

A saber, entre los nuevos puntos planteados, además de trasladar el objetivo de un 8 por ciento de la matriz energética a partir de energías renovables del 2016 al 2017, se plantean regímenes de promoción fiscal como la amortización acelerada del impuesto a las ganancias, a lo que se suma la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la exención del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, al igual que al impuesto sobre la distribución de dividendos (10 por ciento) ante la reinversión de utilidades. Asimismo, exención de los derechos de importación para bienes de capital y equipos hasta 2017, la no aplicación de tributos específicos, regalías nacionales, provinciales y municipales durante el régimen de fomento y el traslado de posibles aumentos fiscales a los precios de los contratos.

El profesional redunda en que “no tendría que haber limitación” en los proyectos de energías renovables del mismo modo que no lo hay para el resto de las energías alternativas; no obstante aclara: “nos parece que todas las energías alternativas deben desarrollarse, siempre y cuando se sujeten a normas ambientales, porque Argentina es un país con grandes recursos para que prosperen todas las tecnologías”.

Por otra parte, cuenta que durante las reuniones llevadas a cabo en el recinto de la cámara baja, en una oportunidad fueron invitados a dialogar en una reunión de comisión pero por cuestiones de cambios de horarios a último momento no han podido participar. No obstante, asevera: “Estamos dispuestos a juntarnos a hablar y dar toda la información que sea necesaria”.

Consultado sobre si han recibido apoyo desde los otros sectores de las energías alternativas, el ejecutivo dice que sí y expresa que la aplicación de la Ley Guinle debe permitir al país lograr 2 aspectos fundamentales: rápidamente dejar de depender de energías importadas para lograr un pleno abastecimiento y hacer esto mediante una mejor diversificación de la matriz energética dando la mayor participación a las energías renovables.

Debemos balancear el aprovechamiento de nuestros recursos renovables”, observa y concluye: “De ellas, el país cuenta con un potencial muy valioso de recursos de origen hidroeléctrico, que debemos aprovechar, para dar no solo energía, sino posibilidades de desarrollo regional, agua potable, riego y otros beneficios que permiten las presas multipropósito”.