El Ministerio de Energía y Minería continúa trabajando firme junto a la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista, CAMMESA, en una resolución que comience a habilitar el comercio de energía eléctrica renovable entre desarrolladores privados y Grandes Usuarios, en el marco de la Ley 27.191 y la obligatoriedad que fija la norma del consumo del 8 por ciento de energías limpias para aquellos usuarios que contraten más de 300 KW.

En principio, la voluntad de la cartera era lanzar el marco regulatorio a mediados de octubre. Pero complejidades técnicas y económicas han postergado la intención.

Según fuentes del sector, la reglamentación podría estar siendo publicada en Boletín Oficial entre febrero y marzo del año entrante.

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El gran desafío de Gobierno es compatibilizar las energías renovables con todo el resto del mercado eléctrico, conformado principalmente por centrales térmicas e hidroeléctricas, sobre todo en temas vinculados a controles y facturación de la energía.

En diálogo con energiaestrategica.com, Carolina Calcagno, abogada asociada al estudio jurídico Beretta Godoy, cuenta que hay ansiedad entre los desarrolladores de proyectos que pretenden avanzar en contratos con Grandes Usuarios: “afecta y mucho que no esté esta reglamentación”.

“Tenemos clientes, que son desarrolladores, y muchos proyectos hoy están en stand by (parados) precisamente por esto: al no salir la reglamentación no se sabe bien cómo avanzar en los contratos”, amplía la especialista.

No obstante, Calcagno reconoce que se trata de un “trabajo arduo” el que está realizando la Subsecretaría de Energías Renovables junto a CAMMESA: “la responsabilidad es grande porque según cómo sea que salga la reglamentación va a tener que ver en cómo se termine afectando el mercado entre privados”.

Asimismo, la abogada suma que otro de los factores que pueden estar ralentizando este proceso es la revisión tarifaria de distribución en la Ciudad de Buenos Aires (Edenor y Edesur), donde se realizó un 30 por ciento de aumento, y la revisión de las transportistas a lo largo de todo el país.

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Además de fijar tarifas, se revisarán otras cuestiones de reestructuración como calidad del servicio y penalidades. “Es de suponerse que estas cuestiones están también siendo evaluadas por las autoridades”, observa Calcagno.

Entre los riesgos que advierten desarrolladores de proyectos de energías renovables privados es que, al postergarse tal resolución, el Gran Usuario tiene la posibilidad de comprar a CAMMESA la energía renovable que requiera para el 2018, mediante los emprendimientos adjudicados en el Programa RenovAr.