Ayer, en Bonn, Alemania, comenzó la XXIII conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP23), que reúne a mandatarios de todo el mundo, gobiernos subnacionales y actores no estatales como universidades, empresas, ONG e inversores, con el objetivo de establecer políticas medioambientales que eviten futuras catástrofes.

Lo que se convino en el Acuerdo de París, establecido en 2016 y puesto en vigencia a partir de noviembre de ese año, fue que cada nación del mundo presente su Contribución Nacional Determinada (NDC, por sus siglas en inglés), donde se comprometa que a partir del 2020 tomarán acciones para evitar cientos porcentajes de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

Estas NDC tienen como objetivo que la temperatura media global no suba más de 2 grados centígrados a fin de siglo.

Para ello, la Argentina se comprometió que, como objetivo al 2030, reducirá emisiones de en un 18 por ciento (como escenario incondicional), con posibilidad de elevarlo al 37 por ciento, en caso de conseguir financiamiento internacional específico que le posibilite apalancar obras (escenario condicional).

Desde diversos sectores ambientalistas tildan a esta propuesta de “poco ambiciosa” e indican que no dista demasiado del compromiso que presentó el kirchnerismo durante la COP 21, que proponía una reducción del 15 por ciento al 2030, con un escenario condicional del 30 por ciento. Paradógicamente, esta contribución había sido fuertemente criticada por Cambiemos, antes de ganar las elecciones en diciembre del 2015.

“Del 15 al 18 por ciento no es una propuesta muy ambiciosa, siendo que lo que se necesita es alrededor del 40” por ciento, indica en diálogo con Energía Estratégica Roque Pedace, investigador de la UBA y referente de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER).

El experto reconoce que la Argentina, como Nación, no genera demasiadas emisiones de GEI a nivel global, pero sí en comparaciones per cápita con otros países del mundo.

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En la Argentina, la energía es el sector que mayor cantidad de emisiones genera (27%), después del agro y la deforestación (44%); en tercer lugar se encuentra el transporte, con el 13% del total de gases contaminantes; y luego la industria, el 12%, y los residuos, el 4%, según el inventario de gases nacional del 2016.

Consultado sobre las políticas que está desarrollando la actual administración, tendiente al incentivo de energías renovables, para Pedace son notables los 3.000 MW que se están montando en virtud del Programa RenovAr y la Resolución 202, pero advierte que del mismo modo se están licitando unos 3.000 MW en centrales termoeléctricas de Ciclos Combinados y Cogeneración, sumadas a nuevas intenciones por explotar el yacimiento de Vaca Muerta.

“Se está invirtiendo mucho más en hidrocarburos no convencionales que en energías renovables”, resalta el especialista. Para Pedace deben mejorarse los compromisos asumidos, sobre todo teniendo en cuenta las “capacidades y oportunidades de recursos” que tiene la Argentina.

“Desde CADER decimos siempre que basta con trasladar los subsidios de los fósiles a las energías renovables y a la eficiencia energética para que la transición se haga de manera óptima y ordenada. Pero por distintas razones eso no se está llevando a cabo”, observa Pedace.

Por su parte, desde el Gobierno aseguran que habrá mejoras en los NDC pero que se irán detallando a medida que se acerque el 2020, año en el que deberá comenzar a regir la contribución medioambiental comprometida.