La provincia de Salta abarca una de las zonas del país con mayor recurso solar del mundo. Conscientes de eso, sobre el final del año 2014 reglamentó su propia Ley de Balance Neto.

Sin embargo, a partir de la aplicación de la Ley de Generación Distribuida (N°27.424), el Gobierno nacional exhorta a las jurisdicciones a que adhieran otorgando beneficios exclusivos, como la reciente aprobación de Certificado de Crédito Fiscal (CCF) para pymes.

En diálogo con Energía Estratégica, Marcelo Juri, secretario de Energía de Salta, manifiesta estar de acuerdo con que Salta se suscriba a la normativa nacional. “Es un tema que se va a tener que abordar”, opina.

“Hasta el momento no se ha trabajado sobre el proceso de adhesión pero es algo que se va a tener que llevar a cabo”, señala el funcionario.

No obstante, realiza una distinción. Por un lado, indica que la normativa es importante por los beneficios que otorga, donde, además del CCF, se espera una pronta reglamentación del FODIS, fondo que otorgará incentivos específicos a usuarios residenciales.

Juri observa que estos incentivos son “muy importantes para el desarrollo de todo el modelo distribuido en el país”.

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Sin embargo, por otro lado, apunta sobre la parte técnica de la Ley. Opina que la Ley avanza sobre las jurisdicciones. “Las distribuidoras pueden llegar a generar algún tipo de cuestionamientos, pero nada que no se pueda solucionar con alguna otra medida procedimental que se implemente”, analiza el secretario de Energía.

Para Juri el tratamiento de un proyecto de adhesión a la Ley 27.424 en el congreso provincial es inexorable, pero antes se deberán resolver estas cuestiones técnicas.

La ley de Salta

Cabe destacar que desde el 2014, Salta tiene su propio marco de Balance Neto, que habilita a usuarios residenciales, comerciales e industriales a compensar su consumo de energía eléctrica a partir de la generación de energía limpia mediante fuentes de energías renovables, inyectándola a la red.

Según prevé la norma, se pueden instalar hasta 100 kW de potencia para los usuarios industriales y 30 kW para los usuarios residenciales. Además fija un precio para la inyección de energía limpia según la tecnología.

De acuerdo al cuadro tarifario establecido por el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP), el pago de la inyección de energía se divide de la siguiente manera: solar, 5,61 pesos el kWh; biomasa, 2,36 pesos el kWh; eólico, 1,64 pesos el kWh; y mini-hidroeléctrico, 1,54 pesos el kWh.