Desde hace mucho tiempo que el sector energético de México asegura que hay demoras o inconvenientes a la hora de conseguir permisos, ya sea aquellos gestionados a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) o por el Centro Nacional del Control de Energía (CENACE), o incluso que se han frenado desarrollos ante la incertidumbre que se vive en el país. 

Y Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), no se quedó al margen de esto y planteó la situación durante el Parlamento Abierto de la reforma eléctrica, precisamente en el foro N°10 denominado “Impactos económicos y financieros para la CFE y la Hacienda Pública de las reformas energéticas y su sustentabilidad”. 

“Hay más de 150 proyectos a futuro que equivalen a más de 40 mil millones de dólares de inversión que ahora están detenidos, y que el país necesita. Los proyectos de infraestructura requieren certidumbre a largo plazo y estabilidad regulatoria. Y si hay más oferta de energía, bajará el precio, es un principio económico básico”, denunció. 

En lo que refiere a solicitudes de permisos hacia la CRE, durante el transcurso del segundo semestre del 2021 y enero 2022, ya se desestimaron alrededor de 1 GW de proyectos renovables, pese a que, en cuanto a costos, sean más competitivas que otras centrales convencionales y ayuden para alcanzar la transición energética. 

Y en algunos casos, la resolución del ente regulador correspondiente llegó luego de tras varios meses desde que las peticiones ingresaron al sistema, a tal punto que muchas lo hicieron durante el primer semestre del año pasado. 

Mientras que en los casos de freno a las inversiones en el país, varias multinacionales ratificaron su postura de no seguir adelante con sus proyectos de energías limpias en el último tiempo debido a cuestiones jurídicas, legales o económicas. Decisiones influenciadas aún más por los efectos de la pandemia. 

Pero en el caso de las inversiones en redes de transmisión y en distribución (le corresponde a Comisión Federal de Electricidad), Salazar señaló la necesidad de que se realicen, ya que las consideró “clave” para impactar en el costo del servicio eléctrico para la población y las pequeñas y medianas empresas. 

“Dedicar recursos a ello, ayudará a reducir los costos de generación, permitiendo acceder a fuentes de energía renovables y de bajo costo. Y al tener una red más robusta, el suministro eléctrico para los usuarios será más seguro y de calidad”, concluyó.