Trece diputados que forman parte del Bloque del Frente para la Victoria (FPV) solicitaron una declaración verbal de los funcionarios, a los efectos de conocer e indagar sobre la política que aplicará el Poder Ejecutivo respecto de los compromisos de reducir los gases de efecto invernadero.

El proyecto ingresó bajo el número de Expediente “7527-D-2016”, a la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la cámara baja. Y lleva la firma de Jose Cimpini; Luis Bardeggia; Claudio Doñate; Julio Solanas; Guillermo Carmona; Eduardo Seminara; Alejandro Ramos; Norman Martínez; Sandra Castro; Axel Kicillof; José Ruiz Aragón; María Cristina Álvarez Rodríguez; y Daniel Di Stefano.

Fundamentos de los diputados

Cambiemos está promoviendo a este Congreso Nacional el tratamiento de un proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo en relación al Acuerdo de París, con nuevas metas de reducción de los gases de efecto invernadero (GEI), muy superiores a las presentadas por la Argentina antes del 10 de diciembre.

La cuestión del cambio climático es encarada internacionalmente desde la denominada Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Desde allí, 194 miembros de Naciones Unidas debaten y resuelven objetivos macro y micro (respectivos a cada nación) en lo concerniente al control de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

El órgano ejecutivo de la CMNUCC es la Conferencia de las Partes (COP, por sus siglas en inglés). Se reúne anualmente desde 1995. La República Argentina es país «Parte» de la COP y miembro de la CMNUCC.

Conforme fuera establecido en la XX Conferencia Internacional sobre Cambio Climático o COP-20 (Lima, diciembre de 2014), nuestro país presentó en octubre de 2015 y de cara a la COP-21 su «Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional» (INDC, por sus siglas en inglés).

En el INDC de octubre de 2015, la Argentina se comprometió a una reducción mínima del 15% en las emisiones de GEI al año 2030 (con respecto a las emisiones proyectadas en su BAU) y una reducción máximo del 30% (15 puntos porcentuales adicionales) siempre y cuando se cuente con «financiamiento internacional adecuado y predecible», » apoyo a la transferencia, la innovación y el desarrollo de tecnologías», así como también » apoyo a la creación de capacidades».

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Sin embargo, dichos porcentajes de reducción y las condiciones planteadas por nuestro país no parecen ser suficientes para el oficialismo. La decisión, claramente, es incrementar los porcentajes. Y esto reviste una amenaza para los sectores residencial, comercial, del transporte e industrial. ¿Por qué?

Reducir las emisiones de CO2 -sobre todo hacerlo con eje en el sector energético como se propone- impacta en el desarrollo social, económico, productivo e industrial de una nación. Al respecto de esta relación, las naciones que más CO2 liberan a la atmósfera han sido y son justamente las más desarrolladas, las más industrializadas (o camino a serlo), así como aquellas con los mejores índices de desarrollo humano, entre otras variables de similar importancia.

La mencionada relación, asimismo, está perfectamente demostrada por innumerable cantidad de investigaciones científicas y técnicas que tienen como autores a especialistas del Banco Mundial, la OMS, Naciones Unidas e incluso hasta ONGs ambientalistas (el caso más emblemático lo constituye el fundador de Greenpeace, Patrick Moore).

Finalmente y de acuerdo a lo planteado por nuestro país en el INDC de octubre de 2015, capítulo «Perfil de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)», recordamos a los legisladores favorables a un incremento de las reducciones de dióxido de carbono más allá de lo ya comprometido por la Argentina, la trascendencia de no perder de vista que la política ambiental en materia de metas de reducción de GEI afecta el funcionamiento de la Nación.

A propósito y como fuera señalado en el INDC-2015: «Cuando se analiza el perfil de emisiones de GEI del país debe considerarse: a) El alto consumo energético vinculado al transporte en un país que cuenta con un extenso territorio; b) El sostenido incremento del consumo de energía en el sector residencial fruto de una política general de desarrollo con inclusión social que tiene como uno de sus ejes garantizar el acceso universal a la energía en condiciones equitativas, como un elemento determinante de calidad de vida de los habitantes; y c) El sostenido incremento del consumo de energía en los sectores productivos como insumo estratégico innegable para el desarrollo económico y la generación de empleo;…”.

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Es decir, nuestro país proponía cumplir objetivos de reducción de GEI pero con salvedades, esto es, no de forma indiscriminada y abstracta desde el punto de vista medioambiental.

Porque no se puede ignorar que la emisión de CO2 está positivamente asociada a la mejora de las condiciones de vida de la población, a la necesaria y aún pendiente interconexión vial y logística del país, así como a su desarrollo económico y nivel de industrialización, y dado que el oficialismo se propone incrementar las emisiones de CO2 por encima de los porcentajes comprometidos por la Argentina en su documento de octubre de 2015, creemos oportuno, necesario y urgente que se apersonen a esta HCDN a efectos de responder los lógicos interrogantes aquí planteados, entre muchos otros, los siguientes funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional: Sr. Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, Sr. Ministro de la Producción, Francisco Cabrera, y Sr. Ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay.