El parque eólico de 25 MW de potencia que se intenta instalar en Rufino, provincia de Santa Fe, tiene ya el 50 por ciento del financiamiento cerrado con inversores y estaba a poco de entrar en construcción. Es sólo uno de los tantos ejemplos de proyectos que se conocen en el país que quedó en stand by a partir de la suspensión del marco regulatorio que le daba sustento: la Resolución 108.

María Ana Menghini, hasta el 10 de diciembre concejal de Rufino, Santa Fe, por el Frente Progresista Cívico y Social, actualmente asistente técnica del jefe del Nodo V con sede en Venado Tuerto y colaboradora del Gobierno provincial, manifestó su preocupación por el vacío legal, a partir de la medida que implementó el Ministerio de Energía.

Esto nos ha llevado a ver truncado la posibilidad de conseguir inversiones. Nosotros como rufinenses estamos muy preocupados, porque el parque eólico es un punto de inflexión para su desarrollo.  Es un antes y un después tener un parque en este lugar, con lo cual vamos a seguir peleando para que la 108 se mantenga en vigencia”, expresó ante la consulta de energiaestratégica.com.

En principio, la funcionaria apuesta a conseguir este objetivo a partir del diálogo con las autoridades nacionales, para lo que solicita mayor apoyo por parte del Intendente de Rufino, del Frente Cambiemos, Abel Natalio Lattanzi.

Estamos tratando que nuestro intendente, que es de la misma línea política que el Gobierno Nacional, salga a apoyar con el presidente y el ministro Aranguren, para hacer conocer el grado de avance que tenía el proyecto, su importancia para Rufino, y el compromiso de toda la comunidad, que cedió el predio”.

Puntualmente, Menghini reclama que “se levante esta suspensión para tener en marcha el proyecto”. Y aclara: “en principio, vamos a optar por el canal de la política que es el diálogo, ojalá así podamos resolverlo, pero agotado ese canal veremos”.

La dirigente cuestionó que con esta decisión la firma Ingeconser, desarrolladora de la central eólica “sufrió graves perjuicios económicos”. Aunque no hubo declaración oficial de la empresa, está la posibilidad de iniciar acciones legales, por el cambio de las reglas de juego.

Es que si bien el grupo inversor aún no tenía firmado el contrato del tipo PPA para la venta de energía, se sucedieron numerosas reuniones con la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico (CAMMESA) en las que se plasmó el compromiso de concretarlo.

¿Por qué motivos se suspendió la Resolución? En la opinión de Menghini es por “falta de conocimiento”. Si el Gobierno Nacional conociera de la trascendencia para Rufino, considera que la posición sería distinta: “no pueden hacer otra cosa que acompañar este proyecto. Estamos hablando de energía renovable. Su importancia no sólo tiene que ver con el ahorro económico sino por el cuidado del medio ambiente y las generaciones futuras”.

Lo que no está claro es el motivo por el cual se suspendió la Disposición y no se definió su derogación. A priori, está claro que la intención es avanzar con licitaciones para cada tipo de tecnología: eólica, solar, biomasa e hidroeléctrica.

Desde el Gobierno consideran que es un mecanismo más transparente y menos discrecional. Y si bien en esto coinciden los expertos del rubro, en lo que hay molestia es en tirar por la borda los esfuerzos realizados durante años, con estudios de medición de potencial de recurso, gastos administrativos, reuniones con inversores en el extranjero, entre otras gestiones que demandaron recursos y tiempo.