Se trata del emprendimiento de mayor envergadura licitado por el Estado en los últimos 25 años, a un costo de 4.500 millones de dólares, en revisión desde diciembre y que inclusive había sido puesto en duda por el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri.

A fin de realizar las modificaciones necesarias en el proyecto, el secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga, suscribió un acta con la Unión Transitoria de Empresas conformada por la compañía china Gezhouba Group Company Limited, Electroingeniería S.A. e Hidrocuyo S.A..

En ese documento las empresas y el gobierno acordaron «aprobar conceptualmente el Proyecto Ejecutivo Fase 1, sobre la base del listado de planos definido«, según una nota enviada por Electroingeniería a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

El consorcio binacional encargado de construir las hidroeléctricas tendrá un plazo de 60 días, hasta fines de junio, para realizar los «ajustes de los aspectos técnicos, ambientales, financieros y otros que pudieran corresponder«, según se señala en el acta.

Los nuevos detalles técnicos de las obras santacruceñas y la necesidad de reformular en consecuencia el respaldo crediticio de China serán evaluados a nivel político el 15 de este mes en Beijing, cuando la canciller Susana Malcorra se reúna con el gobierno de la República Popular para tratar ese y otros temas de la relación económica y comercial bilateral.

El acta firmada entre el gobierno y la UTE encargada de las represas señala que durante la etapa de revisión de los trabajos «el contratista continuará con la ejecución de determinadas tareas, que serán certificadas y pagadas de acuerdo con las disposiciones vigentes en el contrato».

En ese sentido, se prevé la ejecución de actividades en áreas que no resulten afectadas por las modificaciones que se acuerden el el Proyecto Ejecutivo Fase 1.

También se emitirán órdenes de compra e importación de equipos y bienes del exterior que resulten necesarias para el mantenimiento del programa de obra.

Esos pasos se habían trabado desde fines del año pasado, lo cual implicó la virtual paralización de las obras, que ahora cuentan con luz verde del gobierno nacional, bajo autorización previa y por escrito para su correspondiente certificación y los pagos respectivos.

El aprovechamiento hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz contemplaba en forma original un equipamiento de 11 turbinas con una potencia de 1.760 Mw, pero se evalúa la posibilidad de cerrar el emprendimiento con tres generadores menos -una en la represa Kirchner y dos en la Cepernic- lo que implicaría un recorte de 300 Mw.

La firma del acta entre el gobierno y la UTE implicó además la concreción, durante esta semana, de un pago a cuenta de los certificados de obra local aprobados hasta la fecha, tras un largo período de retrasos que dieron lugar a reclamos de las empresas contratistas.