El año pasado, la Subsecretaría de Energías Renovables de la Nación tuvo como primer objetivo el lanzamiento de subastas para el desarrollo de grandes centrales. De esa manera, logró testear el interés de las empresas y el estado de los proyectos, así como bajar drásticamente el precio del MWh.

Esta fue la primera jugada ante un mercado ansioso por cosechar réditos luego de años de hacer jugosas apuestas midiendo recursos. Lo cierto es que salió bien, tanto que se recibieron 6.000 MW en ofertas, seis veces más de lo que se puso en juego. Así y todo, para muchas empresas queda un sabor amargo, por la escasa participación que tendrá la industria nacional.

Ya con este proceso de licitación en marcha, y con resultados mejores incluso de los esperados, los funcionarios entienden que están dadas las condiciones para avanzar con otras regulaciones.

Y lo interesante es que, desde el punto de vista político, no implican grandes riesgos: son partidos que jugarán principalmente los privados, y con la cancha marcada por los precios de la licitación y el límite de 113 dólares que establece la Ley 27.191.

En un primer momento, la idea era tener la normativa que permita la comercialización de energía entre privados para diciembre de 2016. Sin embargo, estudiar y complementar con el marco regulatorio, superó a los técnicos del Ministerio de Energía.

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Juan Bosch, presidente de SAESA, contó lo que funcionarios le han mencionado sobre los plazos de la publicación: “la información que tengo es que en abril se va a reglamentar; creo que sería lo deseable porque RenovAr II parece que va a demorar un tiempo (entre septiembre y octubre), y marcando las reglas se podría dar más dinamismo al mercado”.

Muchos temas, pocas manos

Cabe aclarar que para el Poder Ejecutivo surgieron nuevas necesidades. Una de ellas está a cargo de Maximiliano Morrone, el Director Nacional de Promoción de Energías Renovables de la Nación. Consiste en crear un marco regulatorio específico para el sector de las bioenergías, herido por los magros resultados alcanzados en las licitaciones. “Traigan sus propuestas”, les pide a los referentes de la actividad.

Otro punto que está en tratamiento tiene que ver con impulsar una ley que autorice a los usuarios particulares inyectar energía renovable a la red. Edenor y Edesur, contra todos los pronósticos, están de acuerdo. Más que como competencia, lo ven como un nuevo negocio.

A priori, el proyecto del oficialista Juan Carlos Villalonga, Diputado Nacional por Buenos Aires, es el que tomaría vuelo, a pesar de los celos internos, en parte porque para los empresarios es el preferido.

Si bien deja en potestad del Poder Ejecutivo determinar las tarifas por inyectar energía a la red de distribución, lo prefieren antes que las iniciativas de balance neto que se presentaron en el Senado.

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En las reuniones, Sebastián Kind, Subsecretario del área, y Juan José Aranguren, el Ministro de Energía y Minería, aclaran que no están de acuerdo con “subsidiar” el uso de energías renovables. ¿Se va a aplicar feed in tariff o net billing? Este es el debate que va a entretener a las Pymes del sector en los despachos.

Otra normativa que está empezando a interesar a las autoridades apunta a consolidar políticas para el almacenamiento de energía. ¿Se va a trabajar en la ley de promoción del hidrógeno? Se da en un contexto de baja de los costos a nivel internacional, aunque no sólo implicaría la instrumentación de baterías.

Todas estas medidas serán herramientas para los 8.000 grandes usuarios de energía eléctrica que tendrán que abastecerse en un 8 por ciento con energía limpia en 2018, según obliga la Ley 27.191.

Así lo entiende José Carlos Cueva, abogado especialista en energía y socio junior del estudio Beccar Varela: “estas regulaciones serán complementos necesarios al puntapié inicial que dio RenovAr; en mi entendimiento, los funcionarios están trabajando en estos puntos, lo que significa una señal muy positiva para el mercado, ya que una vez desarrollados y en funcionamiento, podrán generar numerosos beneficios para toda la industria”.