Rodrigo Chaves es el flamante presidente electo de la República de Costa Rica, tras imponerse en la segunda vuelta que se llevó a cabo esta semana. 

El Plan de Gobierno (PG), que dio a conocer durante su campaña y lo habría llevado a ganar la mayoría del voto popular, mencionaba a las energías renovables como parte de sus propuestas para el despliegue de “tecnología de punta”. 

“Como somos líderes mundiales en la generación de energía limpia, también buscaremos un acercamiento con empresas de alta tecnología para convertir a Costa Rica en la sede del primer Green Data Center del mundo, con energías 100% renovables”, reza el documento presentado por el Partido Progreso Social ante el Tribunal Supremo de Elecciones. 

No obstante, no menciona una política directamente vinculada al crecimiento del parque de generación renovable. Para tener mayores precisiones sobre el alcance de la política y regulación energética que podría implementar el nuevo gobierno para tal fin, Energía Estratégica consultó al especialista William Villalobos, CEO de Core Regulatorio una firma costarricense especializada en Regulación de Servicios Públicos. 

¿Qué prioridad en materia energética debiera atender el nuevo gobierno?

Rodrigo Chaves apuesta “por un mercado eficiente, competitivo, sin esas distorsiones absurdas que encarecen los bienes y servicios”, así como a una “reducción efectiva de los costos de producción y del costo de vida”, todo esto expresado en el Plan de Gobierno (PG) del presidente electo. 

En concreto, vinculado al sector eléctrico, el PG también plantea la reducción de tarifas como parte de las medidas inmediatas para disminuir el costo de vida de los costarricenses. 

Y Costa Rica está urgido de una regulación efectiva, adaptable, moderna y sobre todo con menos pesos regulatorios que terminan siendo trasladados al usuario final que es el que finalmente paga la regulación.

¿Qué atribuciones existen? 

De entrada, lo primero que hay que precisar es que la reducción de las tarifas eléctricas no pasa por una decisión del Poder Ejecutivo. 

Nuestro bloque de legalidad es claro en prever que esto es una potestad propia de la ARESEP -en su condición de Regulador- bajo los principios de independencia propios de toda autoridad administrativa independiente. 

¿Qué facultades tiene el presidente? 

Corresponderá al presidente y su Consejo de Gobierno nombrar al nuevo Regulador General (el actual vence el próximo 07 de mayo). 

Esto supone una discusión mayor sobre las cualidades, visión y perfil de Regulador General requiere el país, entendiendo los cambios que están experimentando diversos sectores regulados -con especial acentuación el sector eléctrico-; en donde, claramente se requiere de señales regulatorias que den seguridad jurídica a los actores, y sobre todo que contribuyan a la atracción de inversión directa y por consiguiente contribuyan directamente a la reactivación económica del país. 

William Villalobos, CEO de Core Regulatorio

¿Cuál considera que es el camino a seguir? 

La modernización que requiere el sector energético nacional pasa no solamente por tener claridad del tipo de Regulador que se necesita, sino también por dar continuidad a una serie de iniciativas de ley que están quedando en la agenda legislativa. 

El Gobierno entrante -aprovechando los primeros 3 meses de sesiones ordinarias- podría convocar varios de estos proyectos de ley que, en efecto, son parte de la discusión país en el sector energético. 

¿Por ejemplo?

Puedo citar:

(i) Expediente 22392 “Ley para la Promoción de una Economía de Hidrógeno Verde”,

(ii) Expediente 22561 “Ley para la Autorización de las Empresas Privadas de Generación de Electricidad para la venta de excedentes de energía en el Mercado Eléctrico Regional”,

(iii) Expediente 22701 “Reforma a los artículos 2 y 17 de la Ley Marco de Concesión para el aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas para energía eléctrica y adición de un artículo 9bis a la Ley de Participación de las Cooperativa de Electrificación Rural y Empresas Municipales en el Desarrollo Nacional”,

(iv) Expediente 21343 “Ley para la Contribución a la Transición Energética”,

(v) Expediente 21604 “Ley del Centro Nacional de Control de Energía” 

¿Qué desafíos se suman para el fomento a nuevas inversiones renovables?

Sobre el particular, resulta medular definir las distintas condiciones para la atracción de inversiones y el fomento a nuevos modelos de negocios que el cambio en la descentralización de los mercados eléctricos está impulsando.

¿Qué marcaría el éxito en la política energética renovable? 

El usuario debe ser quien resulte el principal ganador de este proceso; no sólo porque va teniendo un mayor empoderamiento en su rol, sino porque comienza a ver un mejoramiento del coste de la electricidad, aspecto que no es menor en países como el nuestro.

De ahí que, tanto el Poder Ejecutivo como la nueva Asamblea Legislativa deberán considerar las condiciones de fiscalidad del país, de forma que, cualquier incentivo o política pública que se dicte logre un balance propio en lo económico y en lo social en beneficio de todos los sectores del país.