El Senador Diego Santilli del Pro presentó un proyecto de ley para evitar que las pilas y baterías sean arrojadas en la calle o a los tachos de basura junto con el resto de los productos. El proyecto recibió el nombre de “Ley de presupuestos mínimos sobre la gestión integral de residuos de pilas y baterías primarias y secundarias en el marco de la responsabilidad extendida del productor”.

En general, explica el funcionario, si estos dispositivos están bien construidos, no son peligrosos. El inconveniente se presenta cuando se desechan y disponen finalmente con los residuos sólidos húmedos, debido a que durante la descomposición de todo el residuo orgánico, los ácidos de la descomposición corroen la cubierta de las pilas y los componentes reaccionan químicamente, pudiendo perder la cobertura protectora de metal por corrosión interna o externa de las carcasas.

Por eso, Santilli propone establecer responsabilidades por la comercialización de estos sistemas de almacenamiento de energía portátiles: “cada productor está obligado a hacerse cargo progresivamente de la recolección y gestión de las pilas y baterías que haya puesto en el mercado, cualquiera que haya sido la modalidad de venta: directa, electrónica, por correo o automática”.

Dentro del plazo de 180 días de aprobada la normativa, los productores “deberán presentar ante la Autoridad de Aplicación un Plan Piloto de Gestión de Gestión Integral de Pilas y Baterías Usadas, sea en forma individual o a través de sistemas integrados de gestión”.

La modalidad de recolección y gestión elegida por los productores debe estar dotada de los medios suficientes para cubrir todo el país y de una red de establecimientos y locales llamados Puntos de Recolección, coincidentes con los puntos de venta a los que las jurisdicciones impondrán la recepción de las mismas entregadas por los consumidores una vez utilizadas.

Una vez recogidos y clasificados, los residuos de pilas y baterías deben ser trasladados a plantas autorizadas de almacenamiento temporal, tratamiento y reciclaje.

Se prohíbe la combustión en todas sus formas y la eliminación en vertederos de los residuos de  pilas y baterías primarias y secundarias”, expresa el texto.

Todos los costos de las operaciones de recolección y gestión – recolección selectiva, transporte, clasificación, almacenamiento temporal, tratamiento y reciclaje – deben ser absorbidos por los productores conforme al sistema de gestión utilizado.

Para facilitar las operaciones, los productores deben dotar a los establecimientos de venta y distribución, los que están obligados a recibir sin costo alguno para el productor, contenedores especiales adecuados que permitan el depósito para la debida recepción de las pilas y baterías por el consumidor.

En cualquier caso la entrega por parte de los consumidores será sin costo alguno para estos y no estarán obligados a la adquisición de pilas nuevas.

El productor que incinere o elimine en vertederos los residuos de pilas y baterías primarias y secundarias es sancionado con la pérdida por 10 años del permiso para comercializar pilas y baterías en el país.