El Ministerio de Energía y Minería ha decidido suspender en forma práctica la Resolución 108, mecanismo legal con el cual se acordaba un precio por MWh para los proyectos de energías renovables, para avanzar con proyectos a través de licitaciones por tecnología.

En ese contexto, de manera extraoficial, la cartera encabezada por Juan José Aranguren aseguró que aquellos contratos del tipo PPA (Acuerdo de Compra de Energía) que hayan estado a punto de firmarse o que estén vencidos deberán presentarse al nuevo mecanismo por licitación de proyectos.

Al respecto, Nicolás Brown, experto en energías alternativas, considera que el cambio de la Resolución 108 por un mecanismo de subastas es “altamente positivo por tratarse de un sistema discrecional y poco transparente”. “Creo que este sistema por licitaciones es más transparente y le da más potestad al estado para definir los proyectos que desea impulsar”, opina y observa: “Le permite al estado ser más productivo”.

No obstante, manifiesta que esta dilatación en los plazos de transición de un sistema por otro “genera una ansiedad que no le hace nada bien al mercado”. En cuanto a los proyectos que ya cuentan con contratos, el joven especialista señala que éstos continúan en vigencia y que los proyectos que hoy están suspendidos “siguen valiendo para competir de igual a igual con otros en un próximo sistema de subastas”.

Por su parte, Héctor Nordio, ex gerente de Energías Renovables de Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) y experto en la temática, tiene un punto de vista más crítico. Reflexiona que este tipo de medidas tomadas “de manera aislada” es “generar un cuadro de inseguridad jurídica”.

El especialista opina con firmeza que aquellos emprendimientos que avanzaron y llegaron a un acuerdo de palabra con la anterior gestión o tienen PPAs vencidos deberían avanzar en su construcción, “sobre todo considerando que estamos en una situación de emergencia energética”. “Si bien la 108 tenía aspectos por perfeccionar, suspenderla arbitrariamente significa tiempo perdido”, examina.

Para Erico Spinadel, presidente de la Asociación Argentina de Energía Eólica (AAEE), es entendible la demora del nuevo gobierno en reemplazar un sistema de adjudicación por otro, ya que tiene que Argentina está cerrando contratos muy por encima de los que lo hace el resto de los países de la región y la voluntad del nuevo gobierno es revertir esta situación.

Sin emitir juicios de valor, la eminencia en materia eólica señala que naturalmente si se extienden los plazos de contrato PPA de 15 a 20 años y se contraen créditos a tasas bajas, además de la naturaleza de un mecanismo por subastas que tiende a la baja, los precios por MWh caerán. “Desde esa perspectiva es coherente lo que están haciendo”, analiza.