El 13 de septiembre la cámara baja del Congreso de la Nación aprobó con 159 votos a favor, tres en contra y una abstención, la iniciativa consensuada desde el año pasado por diversas fuerzas políticas: Juan Carlos Villalonga (Cambiemos), Luis Bardeggia (Frente Para la Victoria), Néstor Tomassi (Bloque Justicialista), Gustavo Bevilacqua, del bloque Federal Unidos por una Nueva Argentina, y Jorge Taboada diputado de Chubut Somos Todos.

Ayer, el texto fue por primera vez analizado en conjunto por los asesores de los senadores que conforman la Comisión de Minería, Energía y Combustibles. ¿Resultado? Positivo, dado que todos los presentes manifestaron vocación de aprobarlo este año. Sin embargo, señalaron algunas observaciones que les interesaría corregir.

En concreto, los asesores solicitaron esclarecer los alcances de los artículos 13, 14 y 15 de la norma, por considerar que permiten al Poder Ejecutivo complicar procedimientos que practican las distribuidoras provinciales y municipales.

Por citar algunos ejemplos, cabe mencionar: modalidad de la colocación del medidor, aspectos vinculados a los sistemas de facturación, plazos de conexión del medidor y los equipos, entre otras particularidades que establecen las compañías por necesidad de cada región.

No es lo mismo Buenos Aires y Capital Federal que Tucumán, Chubut o Entre Ríos, diferencian los distintos los entes reguladores nucleados en ADERE, entusiasmados con lograr una ley que pueda aplicarse de la mejor manera en la práctica y tenga un real efecto en el mercado.

También hubo inquietudes sobre los fondos que deben repartirse para estimular la utilización de sistemas de energías limpias. ¿Será equitativo?

Ante estos puntos por estudiar, se decidió invitar a representantes del Ministerio de Energía y Minería. Se espera que Maximiliano Morrone, Director Nacional de Promoción de las Energías Renovables, junto a Ignacio Romero, Director Nacional de Generación Distribuida, participen de la audiencia prevista para la próxima semana para aclarar el panorama respecto de la reglamentación a la ley, proceso que ya estaría en marcha.

Si en esta oportunidad los funcionarios dejan conformes técnicamente a los legisladores sobre las cuestiones jurisdiccionales, es probable que en poco tiempo el proyecto obtenga dictamen favorable en una reunión plenaria conjunta con la comisión de Presupuesto y Hacienda.

Ahora bien, si se aplican modificaciones al texto, el proyecto deberá retornar a la cámara de Diputados, para ser analizado nuevamente en el recinto, con el riesgo de que se pierda el año y pase para 2018.

“Hay buena predisposición de todas las partes y la verdad es que la ley mejoró muchísimo en cuestiones jurisdiccionales durante la discusión en Diputados”, valora una fuente que participa activamente del proceso en el Senado.

Se refiere a los cambios en los artículos 1 y 40, que dejan en claro la voluntad de garantizar la potestad de las provincias. De hecho, fueron las modificaciones que aplicó Juan Carlos Villalonga para obtener la media sanción en diputados en tiempo de descuento.

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Ingresos, un punto no menor

Usualmente, las distribuidoras reparten los cargos de comercialización entre dos conceptos: costos fijos (un monto determinado) y costos variables (en función del consumo de energía).

Para promocionar la eficiencia energética, a pedido del Estado Nacional, los costos variables suelen ser más importantes, a raíz de que se cargan según la cantidad de kilowatts consumidos durante el período.

En efecto, quiénes instalen paneles solares dejarían de pagarlos, lo que terminaría disminuyendo el ingreso de la distribuidora local.

Por lo tanto, si la compañía decidiera recuperarlos para hacer frente a sus planes de inversión y de retorno remarcando la tarifa global al sistema, usuarios que utilicen equipos de energía renovable se verían beneficiados con subsidios del resto de la demanda.

Consenso previo

Cabe destacar que los Senadores ya estaban trabajando sobre propuestas de generación distribuida mediante fuentes renovables. De hecho, a lo largo de 2017 unificaron criterios sobre seis que habían sido presentadas por distintos partidos.

Fueron varias las reuniones que se dieron en la Comisión de Energía que preside Guillermo Pereyra, para tratar el proyecto de tres legisladores de distintos bloques: Silvina García Larraburu (FpV), Adolfo Rodríguez Saá (PJ) y Julio Cobos (UCR-Cambiemos).