El Gobierno avanza con la primera etapa del Programa RenovAr: licitaciones de proyectos de energías renovables por un total de 1.000 MW que serán capaces de atraer inversiones por entre 1.500 y 1.800 millones de dólares. De aquella proporción, 600 MW corresponderán a proyectos eólicos, 300 MW a solares, 65 MW a biomasa, 20 MW a mini-hidroeléctrico y 15 MW a biogás.

Teniendo en cuenta el límite de estos números dentro de las compulsas, las provincias que no poseen gran capacidad de recursos y tienen identificados proyectos temen no poder avanzar con desarrollos propio, ya identificados, por cuestiones de competitividad.

En el contexto de reuniones regionales, Gobiernos provinciales conversan para elevar a Nación un petitorio de cupos específicos de potencia para desarrollos locales de proyectos de energías renovables. En efecto, las provincias tendrían garantizadas un cierto número de MW para comercializar con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) y así diversificar la matriz energética.

Funcionarios de la Región Centro, integrada por Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, adelantan que están evaluando una alternativa de ese tipo. Proponen que sea el Gobierno nacional el que fije plazos y precios por MWh.

Del mismo modo, provincias del Noroeste Argentino (conformadas según el Consejo Federal de Energía Eléctrica por Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán) analizan hacer una presentación semejante. “Son 300 MW solares (la totalidad de oferta que se licitará en la primera Ronda del plan RenovAr) para todas las provincias del país y acá hay territorios con gran recurso”, observan funcionarios de la zona.

No obstante, encuentran otra barrera: la falta de infraestructuras en líneas eléctricas para el despacho de energía eléctrica. “En la región de mayor radiación solar de nuestro territorio no hay redes capaces para transporte”, indican.

Algunas de estas provincias están manteniendo incipientes diálogos para elevar una petición en conjunto a Nación con el objeto de que se destinen inversiones en infraestructura de este tipo. Uno de los organismos que podría intervenir es el Consejo Federal de Energía Eléctrica, a partir de sus representantes.