La incorporación de la eficiencia energética y su implementación en todos los ámbitos de la ciudadanía redunda directamente en la protección y cuidado del medio ambiente y el ahorro de divisas, por ende directamente en la salud de los habitantes y el equilibrio de la balanza de pagos, toda vez que afrontar adquisiciones de comodities y erogaciones de este tipo están relacionadas con el mercado internacional de compra de energía en todas sus expresiones”, expone Sergio Francisco  Mansilla, senador nacional por Tucumán del Frente para la Victoria (FpV) en su proyecto de Ley.

Es por eso que entre sus propuestas, el legislador formula que para que se constituya como de interés nacional el concepto de Eficiencia Energética será necesario la creación de una ““Campaña Nacional de Eficiencia Energética”, con el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia del uso discrecional y equilibrado de la energía, para la vida, la seguridad y la dignidad de las personas, el bienestar de la habitantes, el cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente, y el resguardo de las reservas”.

Asimismo, crear el cargo del Administrador Energético General en el ámbito de cada organismo público. “Los mismos reportarán directamente a la máxima autoridad del organismo correspondiente y al titular de la Unidad de Ejecución y Gestión para el Uso Eficiente de la Energía (UNIRAE), dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros”. Del mismo modo, dar lugar al cargo del Administrador Energético para cada edificio público con los alcances y funciones que fije cada jurisdicción.

Como complemento, requiere crear el Instituto Nacional y Laboratorio de Eficiencia Energética,  cuya gestión esté en manos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de un Laboratorio de Eficiencia Energética (INA), el cual sea el encargado de constituir la carrera de Administrador Energético como título a nivel terciario dentro de las carreras universitarias de grado, en conjunto con aquellas instituciones universitarias que califiquen para la enseñanza oficial.

Por otra parte, motorizar una política de etiquetado edilicio. Es decir, “los edificios públicos y privados deberán implementar la técnica del etiquetado energético, de conformidad con las normas internacionales que rigen la materia y las pautas y directrices emanadas de la UNIRAE”, propone Mansilla. Así, la ciudadanía, previamente a comprar o alquilar un departamento, sabrá qué necesidades energéticas presenta la locación a adquirir.

Además, propone a través del Ministerio de Educación de la Nación diseñar e implementar “planes de estudio destinados a los diversos niveles académicos a fin de incorporar en los respectivos programas curriculares los contenidos pedagógicos necesarios para alcanzar los estándares fijados de concientización y educación en eficiencia energética”.

Penas por incumplimiento

A partir del año 2.020, aquellos inmuebles edificios que no cumplan con los estándares establecidos, serán gravados con un impuesto de carácter progresivo. Los fondos así recaudados serán destinados a prestar asistencia financiera a aquellos edificios públicos que, por su estado crítico y/o condiciones de uso, así lo requieran. Del mismo modo aquellos organismos o dependencias públicas que no adecúen la infraestructura podrán ser penalizados con hasta el 3 por ciento de su presupuesto para funcionamiento.

Autoridad de aplicación. La Unidad de Ejecución y Gestión para el Uso Racional y Eficiente de la Energía (UNIRAE), dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, será la autoridad de aplicación de la presente ley.

Fuente: Cooptel.