María Laura Leguizamón, senadora por la provincia de Buenos Aires por parte del Frente para la Victoria (FPV) presentó una iniciativa con el objeto de lograr que las dependencias del Gobierno Nacional, la iluminación del espacio público y las construcciones proyectadas por políticas públicas adopten técnicas de eficiencia energética.

Así el Estado ahorraría un 50 por ciento de energía, recursos que la legisladora sugiere destinar a la enseñanza del uso eficiente de los recursos: «el Poder Ejecutivo arbitrará los medios y mecanismos necesarios para que al menos el 50% del ahorro que se genere a través de la implementación de medidas de eficiencia energética en edificios públicos, sean destinados al financiamiento de programas de educación e información pública en la materia, a actividades de promoción del uso eficiente de la energía tanto para la población en general como para los sectores industrial«.

El texto (ver proyecto) establece que “la Autoridad de Aplicación fijará metas concretas de reducción progresiva del consumo de energía y disminución de emisiones de dióxido de carbono (CO2) a 5 y 10 años desde la reglamentación de la presente Ley”. Estas metas serán revisadas y actualizadas cada dos años.

La Autoridad de Aplicación sería la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

Tendría bajo su órbita una serie de responsabilidades: “fijar las metas de reducción progresiva del consumo de energía y huella de carbono; establecer criterios de ahorro y eficiencia energética previstos en la Ley; coordinar y definir el sistema de monitoreo del consumo de energía de cada edificio; elaborar un informe anual de los resultados obtenidos, el que será remitido anualmente al Congreso de la Nación; coordinar acciones con otros órganos del Gobierno para centralizar los datos sobre consumo energético; designar un administrador energético para cada edificio y desarrollar programas de capacitación para él y todos los empleados públicos; por último, realizar una revisión bianual de las metas de reducción”.

Extendiendo los alcances, Leguizamón agrega que en todo proceso de planificación y diseño de los Programas de Vivienda y Urbanización, el Estado deberá tener en cuenta criterios de eficiencia energética. “En este sentido ponemos al Estado como ejemplo desde donde empezar a transitar el camino”, fundamenta la senadora oficialista.

Presupuesto específico

Para hacer efectiva la implementación de las medidas la propuesta de Leguizamón menciona que cada repartición del Gobierno Nacional contemplará en su presupuesto anual una partida específica destinada a financiar mejoras edilicias y tecnológicas. Así obtendría los fondos para hacer las inversiones planteadas.