El Cargo por Confiabilidad “es un esquema de remuneración que ha hecho viables inversiones privadas en los recursos de generación eléctrica necesarios para garantizar de manera eficiente la atención de la demanda de energía en condiciones críticas de abastecimiento”, cuenta a Energía Estratégica el abogado Hemberth Suárez Lozano.

El especialista en energía, socio de la firma OGE Legal Services, explica que este esquema fue logrado en virtud de señales de largo plazo y la estabilización de los ingresos del generador. Señala que la funcionalidad de este Cargo es expandir el portafolio de generación de energía eléctrica en Colombia, “lo cual permite asegurar disponibilidad de recursos de generación en periodos de escasez y garantiza un abastecimiento de energía a un precio eficiente”.

Recientemente, el senador José David Name Cardozo, autor y ponente de la Ley de Energías Limpias (Ley 1715 de 2014), propuso cambios en el Cargo por Confiabilidad a través del proyecto de ley 146/2019 (ver en línea), que será tratado en la legislatura próximamente.

Allí el legislador del Partido de la U critica el actual manejo de recursos exponiendo datos duros. Argumenta que “en los últimos 12 años, el recaudo total por el cargo por confiabilidad ha sido superior a 24 billones de pesos.  Estos recursos han sido percibidos por las generadoras hídricas y térmicas. En total 21 empresas”.

Y expone: “Lamentablemente, la realidad del uso de los recursos recaudados bajo la figura del cargo por confiabilidad dista mucho de este loable propósito, como quedó en evidencia durante la crisis energética 2015 – 2016, en la que a los colombianos nos tocó salir a salvar el sistema haciendo un racionamiento programado porque, precisamente, el cargo no cumplió su cometido”.

Lea también: «El Gobierno descarta el lanzamiento de una nueva subasta de Cargo por Confiabilidad»

En efecto, la propuesta “tiene principalmente dos objetivos”, observa el abogado Suárez Lozano. “Uno, que legalmente se reconozca una naturaleza de público a los dineros del cargo por confiabilidad y, dos, que todos los órganos de control, entre ellos, Fiscalía General de la Nación y Procuraduría, fiscalicen la utilización de los recursos del cargo por confiabilidad porque se estaría en presencia de recursos públicos”, indica.

Al tiempo que advierte: “Esto merece cuidado por cuanto es meterse en las finanzas de los inversionistas privados, pero, además, puede implicar una “co-administración” de los dineros del cargo por confiabilidad por parte de autoridades ajenas a la dinámica del sector eléctrico”.

“Con ese control se abre la puerta principal para que se den injerencias en la parte financiera de las empresas privadas, pero, y esto es lo de pensar, de manera automática se abre la puerta trasera para que salgan del país inversionistas privados. Lo cual se convierte en golpe contra la estructura del sector eléctrico en Colombia”, agrega el socio de OGE Legal Services.

Y reflexiona: “Me preocupa el alcance que pretende tener este proyecto sobre los dineros del cargo por confiabilidad y que se pretenda ejercer una “co-administración” de esos dineros. Algo de especial cuidado es que, si esa propuesta se materializa como ley, después vendrá una reglamentación de la ley, la cual puede combotizar diferentes intereses que serán de difícil evitar y que pueden afectar al sector eléctrico”.