Esta semana empezaron a ejecutarse medidas muy significativas en materia de energías renovables, lo cual coincide con el nombramiento de Guillermo Martín como Director Nacional de Energías Renovables.

Se trata, por un lado, de la Resolución 64, que fija la fecha límite al 30 de junio para la firma de contratos de abastecimiento PPA de los proyectos de la subasta Mini-Ren Ronda 3.

En esta licitación, hasta el momento se celebraron unos 25 acuerdos, sobre 38 emprendimientos adjudicados y 12 invitados a mejorar ofertas.

No firmar significaría para los adjudicatarios la pérdida de “Garantía de Mantenimiento de Oferta”: 50 mil dólares por MW de potencia ofertado. Hacerlo implica un compromiso mayor: depositar 250 mil dólares por MW asegurando el contrato.

En diálogo con Energía Estratégica, un empresario que se adjudicó proyectos en la subasta–algunos de los cuales se firmaron y están en construcción- y que prefirió no revelar su identidad, señaló que la Resolución es “excesiva”.

“Está bien que el Gobierno quiera liberar nodos de red con proyectos que están trabados, pero estamos en un momento económico y financiero muy complicado no solo a nivel nacional sino mundial, agravado por el Coronavirus”, justificó la fuente.

Sugirió que las autoridades no ejecuten las garantías o bien lo hagan en un porcentaje minoritario teniendo en cuenta la situación.

Por otra parte, generadoras confiaron a este medio que CAMMESA, entidad reguladora del mercado eléctrico argentino, está aplicando multas a proyectos de energías renovables que no están pudiendo entregar la energía comprometida por contrato.

“Las multas son muy onerosas, se dan en un contexto complejo, dejando prácticamente sin ingreso a proyectos pequeños, los cuales son esenciales para mantener con vida otros proyectos ya desarrollados o en proceso de desarrollo”, observa al respecto Agustín Siboldi, socio del área de Regulación Económica del Estudio O’Farrell.

En diálogo con este portal, el abogado especialista agrega: “Se están aplicando las multas como si el sector y el país estuviese normalizado, y, si bien todos aspiramos a que ello sea así lo antes posible, no es la realidad hoy día”.

“Ambas partes, Estado y dueños de proyectos, deben buscar la forma de lograr viabilizar los proyectos amenazados por la crisis financiera, que en el caso de nuestro país sólo se verá superada una vez que se renegocie la deuda soberana y se alcance cierta estabilidad macroeconómica”, sugiere Siboldi.

En esa línea, suma: “Sin esas bases no es posible construir los proyectos desarrollados y, su frustración, será una pérdida enorme para un sector que hace un lustro no existía, y amenazará a los incipientes proveedores locales, que buscan consolidarse”.

“La pandemia y las medidas tomadas en consecuencia, aún justificadas, agravan sin dudas ese escenario. Así analizada, la Resolución 64 no parece orientada a articular los intereses públicos y privados. Esperemos que el futuro cercano nos contradiga”, cierra el socio del área de Regulación Económica del Estudio O’Farrell.