El Comité Eólico de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) planteó la problemática de la creación de nuevas cargas fiscales durante el webinar denominado Desafíos de las Energías Renovables 2021.
Incluso, semanas atrás CADER sacó un comunicado rechazando la Ordenanza N° 11.546, emitida por el Concejo Deliberante de Puerto Madryn, conocida como “Impuesto al viento”.
Ésta obliga a las centrales de energías limpias en operación comercial a pagar sumas de dinero que no fueron previstas en sus propuestas de inversión, ocasionando serios riesgos financieros en un contexto económico ya de por sí adverso para el sector.
En el comunicado se mencionó que CADER “estima que un parque eólico de potencia promedio (100 MW) se vería obligado a pagar 20 millones de dólares”.
Al respecto, Antonio Mónaco, Gerente de Proyectos de ABO Wind y miembro del Comité Eólico de CADER, quien fue uno de los oradores del webinar, realizó una pregunta concreta sobre un tema que preocupa en el sector: “¿Cómo es posible que se cobre un impuesto de un municipio sobre un servicio que va más allá de ese territorio?”
Con dicha pregunta se refirió al Artículo 13º de la Ley 27.191, que detalla que “podrán trasladar al precio pactado en los contratos de abastecimiento de energía renovable celebrados, los mayores costos derivados de incrementos de impuestos, tasas, contribuciones o cargos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires producidas con posterioridad a la celebración de dichos contratos”.
En palabras de Mónaco, “con una medida así, los proyectos estarían en grado de trasladar el costo adicional y los usuarios/consumidores de esa energía de distintas partes del país serán quienes pagarían un impuesto que quedaría en las arcas del municipio en cuestión”.
Además remarcó que el Impuesto al Viento “atenta contra las previsiones de inversión que se hicieron desde el principio de cada proyecto”.
Las consecuencias estarían en que “esa zona pasaría a un segundo plano, porque más allá del recurso, la Patagonia es muy grande y se pueden buscar otros sitios”, y en la posibilidad de que se desalienten las inversiones en la provincia o el municipio.
Y ante la duda de cómo resolver la situación, el Gerente de Proyectos de ABO Wind, opinó que “alzando la voz, escuchando a los afectados, tomar un mensaje común y presentarlo a los funcionarios”.
“La única manera es que atiendan esos reclamos, conozcan los impactos negativos de una decisión y se revierta. No sería la primera vez que se da marcha atrás con una medida”, agregó.
“A través de las Cámaras se puede lograr revertir esa exigencia, juntando las voces de las empresas y transmitiendo el impacto que tiene en los modelos financieros de los proyectos”.
Cabe recordar que dentro de la reglamentación nacional, en el Artículo 17º se menciona que las fuentes renovables de energía no serán alcanzadas por ningún tipo de tributo, canon o regalía, ya sea nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 31 de diciembre 2025. Por lo que habrá que esperar qué disposición se toma al respecto.
Esto recuerda el impuesto al sol, genial idea que se aplico en España y que significo perdidas y retraso en toda la política de energías renovables. Después dan marcha atrás,sin ninguna consideración al daño casado con paralización de proyectos, cesantia, reducción de costo de la energía para los usuarios