La generación distribuida en Chile registró diversos saltos de conexiones a lo largo de los últimos meses, a tal punto que ya hay 11604 instalaciones por 128011 kW de potencia operativa tras un 2022 récord para dicho segmento y este que este año ya se confirmó una evolución de más de 8 MW durante los primeros dos meses del 2023, 

Y una de las razones de este incremento en el sector residencial corresponde al Programa Casa Solar de la Agencia de Sostenibilidad Energética, por el que miles de hogares instalaron sistemas fotovoltaicos.

Para ser precisos, dicho programa tuvo más de 177.000 postulaciones entre 2020 y 2021, de los cuales salieron 4811 hogares beneficiados que en donde lograron instalar 7722 kW de capacidad al adquirir pequeños sistemas de 1 y 2 kW a un menor precio de los ofrecidos en el mercado. 

Ante ese éxito para el sector residencial, surgió el interrogante de si se puede replicar ese mecanismo para las micro, pequeñas y medianas empresas del país y así seguir potenciando la generación distribuida. 

Katherine Navarrete Reyes, integrante de la Unidad de Sectores productivos de Sectores Productivos de la División de Energías Sostenibles del Ministerio de Energía de Chile, descartó tal posibilidad debido a las diferencias entre ambos segmentos y las oportunidades existentes para cada uno. 

“No se considera necesario la ampliación del Programa Casa Solar a las MiPyMEs debido a la gran cantidad de instrumentos de financiamiento público que hay para esta últimas para instalar sistemas de generación renovable y adquirir cualquier tipo de equipamiento que requieran para su actividad productiva”, sostuvo durante un webinar sobre incentivos a la generación distribuida. 

“Y vimos que, en el marco de los sistemas de energías renovables, no es tan atractivo porque en el sector residencial se estandariza la solución entre 1 y 2 kW de potencia instalada. Pero en el caso de las MiPyMEs, esto se hace más complejo ya que cada empresa tiene distintas demandas, horarios y necesidades energéticas”, agregó. 

Ante ello, explicó que si se crea un estándar, las compañías no percibirán un mismo ahorro porcentual entre sí, lo que podría generar ciertos conflictos si se genera una necesidad mayor de capacitación y asistencia. 

“Por ende, nos resulta más preferible que sigan por su camino, con los actuales mecanismos de cofinanciamiento público y que la solución sea diseñada conforme a sus necesidades particulares”, aclaró Katherine Navarrete Reyes.