En un marco de debate que gira en torno a la nueva Ley de Hidrocarburos, un posible consenso entre el Gobierno Nacional y las provincias petroleras, gana resonancia respecto de la discusión sobre la cláusula del acarreo. Impulsada desde el oficialismo por iniciativa del CEO de YPF, Miguel Galuccio, iba en detrimento de costos elevados en los proyectos, que podrían dificultar las inversiones.

Al respecto, el ingeniero Víctor Bronstein, experto en tecnología y titular del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad, determinó que se trata de un tema complejo, por lo que “es necesario pensar en mecanismos que permitan generar la mayor cantidad de renta petrolera, sin impedir que el negocio sea negocio”.

La pregunta que se hace el especialista, es la siguiente: “¿Cuál es el sentido de sostener empresas provinciales, en un país que cuenta con una firma nacional que las representa?”. La respuesta radica en un armado institucional del sector hidrocarburífero, atravesado por la tensa relación Nación – Provincia, donde el eje central, es la disputa por la jurisdicción.

“Personalmente, prefiero que siempre sea el Gobierno quien negocie la cuestión hidrocarburífera. Por un tema de tamaño, las provincias están condicionadas por problemas coyunturales y porque sus presupuestos dependen de las regalías que obtienen del petróleo. Esto los pone en una posición de debilidad en la negociación”, declaró  Bronstein.

De acuerdo con la norma actual, las provincias obtienen una mayor participación en la renta petrolera. Sin tasas fijas establecidas, las empresas provinciales cuentan con la posibilidad de aumentar los impuestos sobre la actividad, en algunos casos, haciéndola inviable. En este contexto, “a mayores condiciones, menos inversión”.

No obstante, la firma de los contratos siempre se produce en un contexto de inequidad entre los grandes inversores y la región participante. Por ejemplo, la empresa Shell facturó en 2013 más de 460 mil millones de dólares, es decir, 20 veces más que el PBI de la provincia de Neuquén.

Las reuniones previstas entre autoridades estatales y los gobiernos provinciales implicados, se llevaron a cabo en tiempo y forma, arrojando incluso resultados positivos. Mientras tanto, el borrador se encuentra en pleno proceso de modificación a la espera de su paso por la Cámara de Diputados, donde las representaciones provinciales son equilibradas.

“Habrá que observar cuál es la opinión de las provincias no petroleras, que son mayoría en el Congreso y ver de qué manera se produce la correlación de fuerzas. Eso va a depender del producto final que arroje el Senado”, aclaró el experto. Poco después, agregó que las políticas estratégicas de seguridad energética, son mucho más importantes que la discusión sobre la renta.

Frente a los procedimientos actuales para la firma de acuerdos, el hecho de que la Ley no llegase a promulgarse en tiempo previo a fin de año, no implicaría la pérdida de inversiones. Si bien algunos aspectos de la normativa otorgarían un carácter previsible a los contratos, de aquí a los próximos seis meses, la sanción no representa un cambio significativo.

Sobre esto, Bronstein afirmó: “Por sus características, el desarrollo de los recursos no convencionales requiere plazos mayores para recuperar la inversión. Entonces, la normativa facilitaría el acceso a nuevas inversiones, puesto que las empresas sabrían a qué condiciones atenerse. Pero no se trata de algo que deba resolverse con urgencia”.

Tal es así, que cabe destacar un acuerdo a modo de muestra contundente. En el día de ayer, YPF firmó un acuerdo millonario con Petronas que implicó un desembolso de 500 millones de dólares. Si bien ésta es una parte importante, la cifra aportada por la petrolera estatal de Malasia es mínima en comparación con el costo total de la inversión, que según se estima, ronda los 9000 millones de dólares.