¿Cuándo iniciaron las irregularidades del proyecto Generadora Gatún? 

Este contrato se otorgó por el Estado panameño a favor de NG Power en el año 2013, en una licitación que fue cuestionada por todo el mercado eléctrico. 

¿Qué polémicas identificó?

Fueron razones muy específicas. Entendemos que los pliegos variaron 24 horas antes de la presentación de propuestas para hacer un traje a la medida de NG Power. Ese fue el primer acto que se demandó por la vía penal.

Sumado a aquello, NG Power no cumplió nunca con los requisitos y exigencias pautadas en ese contrato. Entre otros, nunca presentó un cierre financiero. Nadie supo qué empresa o qué entidad bancaria iba a financiar este proyecto. Se le dieron una serie de flexibilidades para que cumpliera con estas exigencias y nunca fueron presentadas. 

En tercer lugar, este proyecto que llamo «proyecto fantasma» -porque hace años debió entrar en operación y lo que hoy existe es simplemente un terreno baldío, no hay ningún movimiento de tierra o estructura levantada- se aprobó con un estudio de impacto ambiental categoría 2. 

¿Qué implicaría esta categoría? 

En la normativa Ambiental de Panamá significa que su impacto es mínimo. Sin embargo, otros proyectos de generación de energía eléctrica a base de gas natural colindantes exigen un estudio de impacto ambiental de categoría 3 por el riesgo que exige estar en la zona de entrada atlántica del Canal de Panamá, con navegación continua de números significativos y además con presencia de comunidades en los alrededores. 

Esto también lo demandamos penalmente, lastimosamente. 

¿Debería cancelarse el contrato de este proyecto? 

La licencia definitiva otorgada a NG Power ha vencido. Nuestra legislación exige que para tener vigente un contrato de suministro de energía y potencia se debe contar con una licencia definitiva. El 18 de noviembre del año 2020 la Autoridad de los Servicios Públicos de la República de Panamá me certificó que ellos no habían prorrogado la licencia. 

A partir de ahí yo solicité de oficio que lo que procedía era su cancelación. Pero no se pronunciaron.

¿Cómo es que este año ya se hablan de tres contratos para el suministro de energía y potencia? 

Eso es absolutamente ilegal. 

Por eso, hemos acudido a la sala tercera contenciosa administrativa de la Corte Suprema de la República para solicitar la nulidad. 

¿El Estado podría haber cobrado por los perjuicios de no haberse ejecutado el proyecto a tiempo? 

No conozco las cifras, pero evidentemente hay una fianza extendida por una aseguradora que lo que corresponde en derecho es que el Estado a través de la Autoridad de los Servicios Públicos capte la fianza, exija el resarcimiento, e inclusive llame a una nueva licitación. 

En el caso de continuar con el contrato, ¿no se requeriría un ajuste de precios? 

Ese contrato es sumamente caro, por encima del resto de los actores del mercado eléctrico. Con una prórroga, la proyección en 20 años al 2043 significa que se va a incrementar el costo de la compra para las distribuidoras y la propia empresa de distribución eléctrica de la República de Panamá me ha certificado que ese costo sería trasladado a los consumidores. 

Eso significa que hay una afectación significativa en el costo de la energía eléctrica para los ciudadanos.

Comentaba que en un debido proceso correspondería llamar a una nueva licitación pública… 

Sí, si es que el mercado así lo exige. Esto permitiría acomodar los precios a la realidad, logrando una equidad con el resto de los generadores o hasta valores más competitivos. 

Hasta ahora, la licitación del 2013 que nació mal, se ha mantenido con trámites y argumentos que son desde irregulares hasta ilegales. 

¿De ese modo se está privilegiando un proyecto a gas por sobre eventuales licitaciones de energías renovables?

En el mundo de hoy lo adecuado para el medio ambiente es tener energías sostenibles. En derecho, debe hacerse efectiva la cancelación de las licencias, declarar la nulidad de las prórrogas y abrir una licitación dirigida a la energía renovable. Eso debería hacer la República de Panamá.    

¿Considera oportuno que la Acodeco – Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia- emita su posición respecto?

Ya muchos actores han pedido que no se continúe con la negociación de esos contratos. Y debería intervenir no sólo la Acodeco, sino también el Sindicato de Industriales, la Cámara de Comercio y demás asociaciones de generadores.

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