En julio del 2016, el Comité Argentino del Consejo Mundial de Energía (WEC, por sus siglas en inglés) lanzó un documento titulado ‘Propuesta para la regulación federal del mercado argentino de Generación Renovable Distribuida’ (descargar).

Allí se recomiendan algunas pautas para impulsar un nuevo modelo de negocio en lo que respecta a la inyección de energía limpia a la red eléctrica por parte de usuarios particulares.

En diálogo con Energía Estratégica, Julián Tuccillo, Ingeniero especialista en energías renovables y miembro del Consejo Consultivo de la WEC Argentina, considera que el proyecto de Ley de Generación Distribuida que está trabajando la Cámara de Diputados de la Nación, el cual cuenta con el visto bueno del Ministerio de Energía, debiera tener en cuenta aspectos de aquel informe.

En principio, el experto observa: “lo que noto es que hay dos discusiones paralelas (en la construcción de la Ley): una con las distribuidoras y otra con los demás actores”. “No están participando correctamente todos los actores para hacer un diseño estructural de mercado que encaje en una Ley de Distribuida en el conjunto de leyes que ya existen”, advierte.

Según Tuccillo, remitiéndose al documento, debería regir la figura de los ‘Agentes Comercializadores’, tal como establece la Ley 24.065 de 1992, una vez reglamentada la Ley de Generación Distribuida.

La idea es que estos Agentes consoliden la generación de varios prosumidores y actúen de intermediarios con el mercado mayorista de energía, apartándose de las distribuidoras.

“La discusión actual en la Argentina está enfocada desde la óptica de las distribuidoras, pero no se está discutiendo el modelo macro de fondo que debe desarrollarse para que la transición se desenvuelva sin tensiones ni fallas de mercado”, apunta Tuccillo.

Y agrega: “deben discutirse los modelos de mercado y roles macro del sector eléctrico en su conjunto. Y lo que debe entenderse es que esto no se trata de un juego ‘suma cero’, donde si gana el prosumidor pierde la distribuidora; sino que un modelo de negocio donde ganen todos: los actores existentes y los nuevos, en una propuesta superadora que ni beneficie a uno sobre otros. Por eso debe ampliarse la discusión”.

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Por otro lado, explica que en este escenario lo que debieran hacer estos Agentes Comercializadores y los prosumidores es pagar un canon (una suerte de VAD) a las distribuidoras en concepto del uso de sus redes eléctricas que cubra el costo de construcción, mantenimiento y operación.

Esto evitaría un cuadro de crisis en las distribuidoras, lo que en otros países se ha visto y llamado como el ‘espiral de la muerte’. Se trata de una encerrona que protagonizan las compañías eléctricas que, al tener menos usuarios que aporten y más prosumidores, terminan elevando su tarifa eléctrica para afrontar costos. España ha intentado superar, finalmente, este problema lanzando un ‘Impuesto al Sol’. La medida tuvo muchos cuestionamientos dado que los usuarios consideraban el no abonar este tipo de canon como un derecho adquirido que pasaban a perder.

Agentes Comercializadores

El informe de la WEC Argentina detalla:

“Los Agentes Comercializadores Virtuales o Integrados podrían ser varias empresas privadas que compitan entre sí para instalar tecnología renovable distribuida, mantenerla, y seleccionar, elegir y comprar en el mercado energía a los prosumidores más competitivos (que ofrezcan los mínimos precios de venta), así como también, cada generador podría tener la libertad también de elegir al Agente a quien desee vender su energía por precio, servicio u otro criterio”.

“Estos Agentes intermediarios –continúa- podrían estructurar contratos de compra de energía con los prosumidores donde pacten los precios o las cantidades de energía o los plazos, y luego de cara a CAMMESA, podrían por ejemplo vender toda esta energía o bien al MERCADO SPOT que exista para cada cual tecnología (solar fotovoltaica distribuida, eólica distribuida, mini-hidro, etc), o bien constituir contratos en el MERCADO A TÉRMINO con los Grandes Consumidores que libremente decidan”.

“En mi opinión, debiera hacerse un Ley símil a la estructura de la 24.065 de desregulación del mercado eléctrico del año 1992, donde se vuelva a barajar, definiendo los roles nuevos del mercado y acondicionando los existentes. No se puede alterar las reglas del ajedrez sólo teniendo la versión de una de sus piezas (las distribuidoras) Esa visión de conjunto es la que tiene que tener el que lidere la coordinación de consenso”, analiza Tuccillo.

Punto a favor

Para el especialista, tanto la creación de un fondo específico para la promoción de la generación renovable distribuida, FODIS, como la posibilidad de que se fijen incentivos tarifarios ante la falta de paridad de red (cuando cuesta lo mismo consumir energía de la red que generar la propia con una fuente renovable, lo que implica que el precio del distribuidor de energía sea igual al costo equivalente de energía de generación distribuida), son positivos.

No obstante, considera que el FODIS debiera constituirse con partidas más contundentes. “El principal punto es que el fondo se nutrirá del ahorro de energía que genere la generación distribuida el años anterior. Esa puede ser buena si se instrumenta bien. Salvo ese aspecto, el resto son endebles”, advierte.

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“Un punto a reforzar podría ser que el FODIS se vincule con la Ley 27.191 y que se nutra de las multas correspondientes a esa normativa que se genere con la obligatoriedad de los Grandes Usuarios”, propone el especialista de CACME.

Por otra parte, considera clave que, en casos de que no hubiera paridad de red, se incluya un estímulo feed-in-tariff (tarifa diferencial) variable (6 años, por ejemplo), que se calcule como la diferencia entre el precio de venta del prosumidor y el precio de venta del distribuidor (para compensar la falta de competitividad por no existir paridad de red en el nodo).