Marcelo Guinle, el senador por el Frente para la Victoria (FPV) oriundo de Chubut tomó en carne propia el desafío de modificar la ley 26.190, que como objetivo central se propone que en 2016 las energías alternativas aporten un 8 por ciento de la generación eléctrica nacional y un 20 por ciento en 2025.

Para ello encargó a Sebastian Kind, un especialista con formación académica en nuestro país y Europa, que analice los mecanismos que podrían reactivar el mercado. Después de mucho tiempo de trabajo, conversaciones con el Ministerio de Economía y de redactar más de 15 borradores, Kind finalizó el proceso, presentando en el senado el texto definitivo.

Entre los principales supuestos figuran: beneficios impositivos, facilidades para la importación de insumos y componentes básicos (para los primeros años, luego se irían reemplazando por producción nacional) y limita en 113 dólares el MW el precio de los contratos subscriptos por grandes usuarios.

Crea herramientas para financiar los emprendimientos  a través de la formación de un fondo (FODER) que se iría nutriendo a partir del 50 por ciento del ahorro efectivo en combustibles líquidos causado por las energías renovables (se calcula en 41.000 millones de dólares hasta el año 2025), cargos específicos a la demanda, recupero de capital e intereses de la financiación otorgada y por dividendos o utilidades percibidas por titularidad de acciones o participaciones en proyectos o ingresos por sus ventas.

El Ing. René O. Galiano, especialista en energía renovable, saluda y valora que se estén analizando medidas para estimular el sector y ve como positivo el desafío que encaró Marcelo Guinle, a través de su brazo ejecutor, Sebastián Kind.

En su opinión, Galiano plantea que así como está configurado la iniciativa puede que no tenga el efecto esperado. Dio sus argumentos: “Si entre los grandes usuarios que estarían obligados a incorporar renovables, no se comprende a las distribuidoras eléctricas (hoy imposibilitadas de generar, por ley), difícilmente haya un impacto notable en el mercado, y por lo tanto, en la diversificación de la matriz energética”.

Además, explica que el hecho de que se establezca en 113 dólares el MW entregado hace que sólo sea viable para la eólica, bajo algunas circunstancias que suelen encontrarse en la Patagonia y en la Provincia de Buenos Aires, donde el potencial de recurso es óptimo para el desarrollo de esta fuente de energía. “Ese pago no hará viable iniciativas de energía solar, biogás y el resto de las alternativas que dispone nuestro país”, alerta el especialista.  Este interrogante fue planteado también en Solar Cities, el congreso de energía solar desarrollado en Buenos Aires los días 17 y 18 de noviembre.

“Otro detalle importante es que incorpora los biocombustibles a la generación pero no se habla de los aceites crudos para utilizarlos como combustibles directos”, agrega a su análisis Galiano.

Y entrando en cuestiones macroeconómicas, evalúa que “si no se contempla el sistema FIT, es evidente que se necesita una batería de medidas económicas exclusivas para realizar las inversiones. Pero creo que no resuelve el caso de inversionistas extranjeros que ven difícil el retiro de utilidades, producto de los emprendimientos que puedan financiar”.

Galiano considera que el “proyecto tiene buenas intenciones” y que se nota el trabajo realizado. “Es valioso que se arme esa ingeniería política-financiera. A diferencia de otros proyectos establece las herramientas concretas para que se pueda cumplir el articulado”.

Pero en su opinión, dada la instancia de debate, “hace falta una visión integradora”. Considerando que llevará mucho tiempo poder ajustar la normativa, señala que es el momento para introducir las modificaciones pertinentes. “Tiene que estar bien incorporado todo el espectro integral de las energías renovables”, insistió.