Si volteamos la mirada atrás «sin temor a equivocarme» podríamos afirmar que el 2015 fue un buen año para el mundo. La Cumbre de Desarrollo Sostenible celebrada en Nueva York lograba la aprobación de la Agenda 2030 (que contiene los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Por su parte, la Cumbre de París sobre Cambio Climático (COP21), traía consigo que 195 países sentaran cabeza ante la amenaza del cambio climático y pactaran mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2C respecto los niveles pre-industriales.

Desde aquel laureado Acuerdo de París, no han sido pocos los países que han estado inmersos en un rediseño de su política pública energética. En nuestro caso, «al igual que ha sucedido en otros países» el contexto disruptivo que experimenta el sector eléctrico, ha provocado una efervescencia tanto a nivel de política pública como de condiciones regulatorias; que, en la actualidad requieren de mejora y adaptabilidad a las condiciones que el sector demanda en aspectos referidos a: i) cobertura (acceso de las personas a la electricidad), ii) financieras (tarifas de la electricidad), iii) accesibilidad, iv) eficiencia energética.

En el sector eléctrico, la transición hacia el uso de renovables está en camino ¡y llegó para quedarse! De ahí que, si el mundo quiere cumplir la meta fijada en el Acuerdo de París; y, en el caso costarricense con uno de los pilares del VII Plan Nacional de Energía 2015-2030 (Ministerio de Ambiente y Energía, 2015, págs. 1-2) se vuelve imperiosa la necesidad de tomar acciones orientadas a ello.

Así, la era de la transformación energética «impulsada por el cambio tecnológico y el bajo costo de las energías renovables» ha venido provocando que en algunos sectores productivos se consuma menos energía; y, en otros se opte por una mayor eficiencia.

Basta con mirar nuestro entorno: i) sistemas de iluminación más eficientes, ii) aparatos eléctricos con menor demanda de consumo eléctrico, iii) mejoras en la eficiencia del transporte masivo de personas mediante vehículos a base de energía eléctrica y gas.

LA LLEGADA DEL COVID-19: Como si no fuese poco la vorágine disruptiva «que por sí sola, ya le mueve el piso al sector eléctrico costarricense», la presencia del Covid-19 está impactando en múltiples áreas: la demanda, el abastecimiento y todo ello repercute en los mercados energéticos.

La causa que lo provoca es simple: estamos viviendo una desaceleración en la dinámica ordinaria de los sectores productivos, y ello provoca cambios en el consumo eléctrico: fábricas, comercios, escuelas y oficentros están cerrados; y «en paralelo» hay un creciente impulso del telebrajo. Al respecto, conviene apuntar 3 impactos en concreto:

1. Disminución de la Demanda: En el caso particular, datos del Centro Nacional de Contro de Energía (CENCE) indican que en ésta semana existió una disminución de -1.652MWh (megavatios hora) lo cual representa un 6% menos. Huelga advertir, que en cada segmento el comportamiento es distinto, ciertamente hay una reducción del consumo en el sector comercial e industrial, pero en el residencial hay un mayor consumo porque las familias están en casa.

2. Freno a Interconexiones en el sector Fotovoltaico: Las Empresas Distribuidoras están abocadas al mantenimiento y aseguramiento del suministro eléctrico; lo cual «en las condiciones particulares de la crisis» provoca que los trámites de interconexión e inspección de sistemas fotovoltaicos a nivel residencial, comercial e industrial estén paralizados hasta que las condiciones permitan una exposición e interacción sin riesgo de contagio. Situación que repercute en las familias que optaron por generar su propia energía «como un paliativo financiero en sus bolsillos».

3. Disminución en el consumo Combustibles Fósiles: Veníamos experimentando una reducción en los precios de las materias primas del petróleo y el gas, el covid-19 fue el punto de quiebre mayor; aderezado por la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudí; lo cual nos hace preveer que estamos a la puestas de una nueva y aguda crisis petrolera.

PLAN NACIONAL DE DESCARBONIZACIÓN

De entrada, las preguntas que surgen son: ¿aplasará el covid-19 los objetivos del Acuerdo de París? ¿los esfuerzos venideros «post covid» por reactivar la economía implicarán redestinar los recursos económicos destinados a cumplir con los objetivos del cambio climático?

Considero que, la crisis que afrontamos nos recuerda la imperiosa necesidad de que los países no claudiquen en sus esfuerzos hacia mayor independencia de las fuentes fósiles; y que a su vez, redoblen esfuerzos por tener mucha más energía autóctona, limpia y asequible.

En nuestro caso, los objetivos del Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050 siguen siendo una apuesta válida por dinamizar la economía costarricense, a partir de un modelo basado en la generación de bienes y servicios 3D: Descarbonizados, Digitalizados y Descentralizados en la producción eléctrica.

Al respecto, algunas de las metas «de mediano plazo» fijadas en el Plan en materia de electromovibiidad podrían contribuirán al aumento de la demanda energética: 2035: 70% de los buses y taxis serán cero emisiones, 2035: 25% de la flota vehicular será eléctrica, 2030: La matriz eléctrica del país deberá operar al 100% con energías renovables. Aunado a otras iniciativas como el proyecto del Tren Electrico del GAM; junto a patrones de comportamiento hoy día palpables en donde vemos «en forma creciente» una flota vehicular eléctrica, una red de nacional de carga eléctrica, y una mayor penetración de la Generación Distribuida.

Es sabido que tanto la energía solar y el gas natural «considerada como la energía de transición» son las fuentes que a nivel mundial vienen impulsando la disminución de costos, la transición, la descarbonización paulatina y la democratización energética. Respecto la última (gas natural), nos toca lidiar con la prohibición absoluta de exploración que tiene el país «por vía decreto hasta el 2050»; pero con la primera (la solar) tenemos una oportunidad de oro en nuestras manos de lograr una mayor penetración y potencialización en su uso a partir de un propicio y oportuno rediseño regulatorio.

Por su parte, a nivel de Derecho Internacional Público; nuestro país ha tenido una nula o poca discusión en torno a la adopción de Carta internacional de la Energía (CIE). Este es un acuerdo que tiene principios de cooperación energética internacional, que nace el 20 de mayo de 2015 en la Unión Europea en una conferencia ministerial cuyo anfitrión fue el gobierno de Holanda. Actualmente está abierto a suscripción y a miembros observadores. En el caso de América Latina, Chile, Colombia y Guatemala son los únicos que se encuentran suscritos.

Esta normativa es la más reciente declaración política que tiene como objetivo la eficiencia energética y protección al medio ambiente, busca que los avances tecnológicos sean utilizados para el perfeccionamiento, eficacia y eficiencia de la producción de energía de manera sostenible con el medio ambiente.

Los países suscritos pueden acceder al ISO 5001:2011 avalado por la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ‘’(…) ante la necesidad de contar con un documento normativo que se utiliza como una respuesta ante el cambio climático y la proliferación de normas nacionales de gestión de energía.’’ (Mendible, 2016, p.269). El ISO está siendo desarrollado y toma en cuenta regulaciones nacionales y regionales de gestión de las energías de países desarrollados como China, Dinamarca, Irlanda, Japón, República de Corea, Países bajos, Suecia, Tailandia, Estados Unidos y la Unión Europea.

Así pues, no cabe duda que los tiempos actuales nos convocan a no caminar en rumbo contrario a lo que el mundo vive; y por su parte, el proceso de transición y disrupción energética seguirá su curso ni por asomo se detendrá.

Por tanto, si se comparte el hecho de que la transición energética no debe de ser comprendida exclusivamente en función de la eficiencia energética, debemos de considerar acciones que pasan por:

i) Repensar los modelos de negocios «con mayor acento en la fase de distribución»; reto que recae no sólo sobre las empresas distribuidoras sino también sobre reguladores y rectores de la política pública

ii) Rediseñar los clásicos modelos regulatorios del sector energético, dando paso a una regulación de mínima intervención «en aquellas actividades que lo permitan» mucho más dinámica y más intrínseca en aspectos como ligados a: fijación de precios, planeación de inversiones, modelos de apalancamiento, diseño de nuevos servicios

iii) Rediseño y Eficiencia de las Redes la crisis causada por el coronavirus nos recuerda la dependencia de la electricidad, a medida que se han ido instalando más generadores conectadas a las redes, existente una dinámica más compleja en los flujos en la red, lo cual supone el reto de operar buscando el equilibrio instantáneo y permanente entre oferta y demanda que asegure la calidad de los parámetros básicos de tensión y frecuencia, y la estabilidad del sistema

iiii) Control en Tarifas medular resulta una revisión de las metodologías vigentes; puesto que, tarifas altas «como las actuales», agudizan más la situación de la población más vulnerable, para poder pagar los servicios de energía.