El pasado 3 de diciembre, la Cámara de Senadores de la Nación aprobó el proyecto de ley de energías renovables del legislador Marcelo Guinle con 54 votos a favor y 4 en contra.

Uno de los que rechazó la propuesta fue Fernando ‘pino’ Solanas, que, en diálogo con Energía Estratégica, dijo que se trata “una ley muy tramposa” porque se presenta como una de las soluciones al déficit energético mediante fuentes limpias pero plantea un desarrollo que podría desarticular la industria nacional, ya que fija el ingreso de productos importados sin gravámenes.

El proyecto, que obtuvo la media sanción y espera a principios del próximo año ingresar a la cámara baja para transformarse en Ley, plantea exigir que aquellos usuarios que utilicen más de 300 kW produzcan un 8 por ciento de su consumo total mediante fuentes de energías renovables. De ese modo, se propone incentivar el uso de equipos sustentables pero, según el senador por el frente UNEN, sin poner el acento en la industria nacional.

Lo que esconde esto son grandes negocios”, disparó. “Ya cuando se discutió en comisión –recuerda Solanas- yo dije que esto era un atentado contra la industria nacional porque permitía durante un año el ingreso de todo tipo de equipos, autopartes, repuestos sin aranceles.

Se paró –el proyecto de ley-, volvió, fue al Ministerio de Economía y volvió, no con incentivos para el desarrollo de la industria nacional, sino que fue modificada para tres años de libres aranceles”, alarmó el legislador sobre la ampliación de la primera etapa que planteaba en 2016 llegar al 8 por ciento de renovables y terminó por añadírsele un año más al objetivo deseado, es decir, 2017.

El hecho de que las fábricas de producción nacional compitan libremente con las del exterior es lo que más preocupa al miembro de Proyecto Sur. “Va a tener como consecuencia la desaparición o la destrucción de 500 empresas, en su mayoría PYMEs y algunas grandes, como podría ser el caso de la que está en Mendoza, Pescarmona”, advirtió.

Remarcó que uno de los argumentos a la quita de gravámenes a la importación fue el que dice que la Argentina no está preparada para producir todo el equipamiento necesario, a lo que tildó de una “imbecilidad”. Expresó que no se opone a que se importen productos que no se fabriquen en el país, sino a la falta de políticas de desarrollo de la industria nacional.