Agustín Siboldi, abogado y socio del O’Farrell Abogados y miembro de la Comisión Directiva de CADER, compartió su postura con Energía Estratégica sobre dicha cuestión: “Tanto desde el punto de vista legal como desde la perspectiva de la política regulatoria, la única forma de cambiar la moneda de los Contratos de Abastecimiento es a partir del acuerdo de las partes”.

“De no mediar acuerdo, debería respetarse el contrato celebrado en el marco de la Ley 27.191, propuesta por el actual oficialismo y acompañada por la casi unanimidad del arco opositor. Ello implica descartar la posibilidad de cambio de moneda en forma unilateral, cualquiera sea la forma legal que se le quiera imprimir”, agregó.

Además hizo hincapié en que la cláusula de negociación de los Contratos de Abastecimiento (16.1) no es una alternativa viable en tanto excluye expresamente la modificación del precio y su moneda: “Hay proyectos con retrasos que han planteado fuerza mayor a partir de la situación macroeconómica del país desde algún momento de 2018, y por la pandemia, que puede generar el espacio para el acuerdo, pero ello debería producirse en el marco de una nueva norma que establezca las pautas y parámetros para ello”.  

En tanto, Siboldi desaconseja fuertemente toda opción unilateral e inconsulta. “Nuestro país depende de capitales extranjeros para desarrollar y explotar sus recursos, así como para construir la infraestructura de evacuación y, todo desconocimiento de derechos adquiridos conspira contra tal objetivo”, señaló.

También destacó que «es importante que se establezcan las condiciones que hagan viables los proyectos que están en condiciones de ser construidos, respecto de los cuales se aplican fuertes penalidades que deberían ser revisadas hacia su reducción en virtud de las circunstancias macroeconómicas y pandémicas, haciendo extensivo tales concesiones a aquellos otros proyectos que han obtenido habilitación comercial pero reciben fuertes penalidades por retrasos, en los casos en que los mismos sean ajenos al control de sus titulares”. 

“Respecto de aquellos proyectos irremediablemente frustrados, deben generarse las condiciones para la liberación de los nodos asociados. Y dada la complejidad de la situación, todo ello debería hacerse a través de un proceso de consulta con el sector a fin de enriquecer el debate y mejorar las soluciones que finalmente se adopten”, añadió. 

Con ello se refirió a todos los proyectos, incluyendo aquellos adjudicados al Programa RenovAr y el Mercado a Término que, según comentó Siboldi, «estaban descontando la continuidad de la suspensión de los plazos por efectos de la pandemia, hecho que no llegó y hay información contradictoria acerca de la posición de la Secretaría de Energía”. “Este proceso debe iniciar con una suspensión de los plazos a raíz de la pandemia, dado que sigue afectando la producción y logística de elementos imprescindibles para la concreción de los proyectos.»

Siboldi también agregó que «estas pautas permitirían respetar derechos adquiridos, generar un clima de negocios que dé lugar a la continuidad del sector de renovables, así como minimizar la conflictividad asociada, que ya presenta un número relevante de proyectos de RenovAR sometidos a arbitraje.”

Y una de las maneras que propone el especialista para apaciguar la situación es mediante la ampliación de “la buena práctica de regular los mercados escuchando al sector que va a invertir en el mismo”. “En el mundo se avanza con procesos de consulta, sobre todo ante situaciones tan complejas como la que nos ocupa. El modelo de consulta pública es muy utilizado en nuestro país; ejemplo en el sector de las telecomunicaciones y fue adoptado en el proceso de diseño del frustrado programa de Participación Público-Privada -PPP.»

«La única forma de hacer una pesificación en el sector es con el acuerdo de la contraparte y es un proceso donde todos dejan algo en la mesa. Es decir, ceden algún derecho y obtienen algún beneficio», explayó.

Prestó asimismo especial importancia a que hay dos aspectos muy importantes a considerar: “El primero es que los precios de los Contratos de Abastecimiento bajo RenovAR son competitivos frente a otras tecnologías convencionales, más aún si se consideran las externalidades asociadas, desplazando unidades de generación que reconocen mayores precios e incluso pueden sustituir el uso de combustibles importados, con el impacto que ello tiene en el balance de divisas”.

Mientras que el segundo aspecto refiere a que los precios de los Contratos de Abastecimiento están acordados en dólares estadounidenses, pero son pagaderos al tipo de cambio oficial, en moneda local, “de modo que ello no tiene impacto alguno en dicho balance de divisas”. “El problema se plantea ante el pago de la porción importada de los insumos de un proyecto, así como en el repago del capital invertido.”

“Hay una muy buena oportunidad para profundizar la transformación de la matriz energética argentina y cumplir así con lo manifestado por el Presidente respecto de los aportes que hará nuestro país a la reducción en la emisión de los gases de efecto invernadero”. 

“Es importante tender un puente concreto entre ese compromiso internacional, y las acciones que darán continuidad e impulsarán el sector.”, concluyó.