Ayer, Energía Estratégica dio la primicia del lanzamiento del Pliego de la nueva licitación de energías renovables Mini Ren Ronda 3 (DESCARGAR PLIEGO).

Allí quedó ratificada la subasta por 400 MW de potencia, entre los cuales 350 MW se repartirán entre emprendimientos de energía eólica y solar. Los 50 MW restantes se dividirán entre proyectos de biomasa, biogás, biogás a partir de rellenos sanitarios y pequeños aprovechamientos hidroeléctricos.

Entre otras cosas, el Pliego echó luz sobre una gran incertidumbre: los precios máximos. El Gobierno fijó 60 dólares por MWh para proyectos eólicos y solares; 110 dólares por MWh para biomasa; 160 dólares por MWh para biogás; 130 dólares por MWh para biogás a partir de rellenos sanitarios; y 105 dólares por MWh para pequeños aprovechamientos hidroeléctricos.

En diálogo con Energía Estratégica, Paulo Farina, consultor y Ex Subsecretario de Energía Eléctrica, observa que “los 60 dólares por MWh para eólico y solar están en línea con los precios del RenovAr 2”.

El especialista explica que en esta nueva licitación no se ponderará el ‘Factor de Ajuste’ y ‘Factor de Incentivo’ que se venía aplicando en subastas anteriores. Ambos beneficios incrementaban el pago convenido entre el adjudicatario y el Estado en alrededor de un 20 por ciento.

Es decir que los resultados de la Ronda 2, donde se obtuvieron precios promedios de 43 dólares por MWh para la energía solar y 41 dólares por MWh para la eólica, al aplicarle dichos beneficios obtuvieron valores cercanos a los 50 dólares por MWh.

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Para el consultor son precios ambiciosos los que propone ahora la Secretaría de Energía con la Ronda 3, dado que en esta licitación sólo podrán participar proyectos de hasta 10 MW. No obstante, considera que “va a haber interesados”.

“Seguramente haya intención de participar. Creo que se van a presentar jugadores nuevos, dada las reglas de juego, pero también actores que ya venían compitiendo en el RenovAr y el MATER”, opina Farina.

En cuanto a proyectos de bioenergías, el especialista hace una observación similar. Indica que los precios para estos emprendimientos están por debajo de lo cosechado en las licitaciones anteriores no sólo porque los incentivos señalados ya no existen, sino que también se quitaron subsidios de ajuste para proyectos de pequeña escala. Sin embargo, para el ex funcionario más de lo señalado habrá interesados en participar, sobre todos aquellos que sean productores de su propia biomasa.

Los ‘Agentes de Distribución’

Por otra parte, Paulo Farina destaca otro aspecto interesante que propone esta nueva licitación: el rol que tendrán los ‘Agentes Distribuidores’, según denomina el Pliego a las distribuidoras y cooperativas eléctricas.

Éstas no sólo participarán con sus líneas, ya que los proyectos deberán conectarse a tensiones desde 13,2 a 66 kV, sino en su confiabilidad de pago a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico.

Farina explica que serán las compañías eléctricas las que le compren la energía a los proyectos y que ellas mismas, en acuerdo con el Ente Regulador provincial, serán las que los habiliten para su desarrollo.

El meollo de la cuestión pasa por la situación económica de estas compañías y la situación de deuda de éstas con CAMMESA. Precavida, la Subsecretaría de Energías Renovables tomó algunas medidas.

Por un lado, estableció que no se aceptarán ofertas “con un Agente Distribuidor que al 1° de enero de 2019 presente una deuda/saldo impago a CAMMESA que resulte mayor al pago equivalente al último mes facturado por ésta”. No serán considerados como deuda los montos incluidos en acuerdos de deuda vigentes y en cumplimiento.

Por otro lado, fijó una garantía de pago proveniente del Banco Nación y el BICE por el equivalente de hasta 3 meses de incumplimientos o hasta alcanzar los 35 millones de dólares para todos los proyectos.

Finalmente, «en caso que la distribuidora no pague, el Artículo 17 de la resolución obliga a CAMMESA a certificar a favor del vendedor la deuda en mora de la distribuidora para que este pueda perseguir el cobro por la vía judicial», cierra Farina.