Ayer a las 14 horas el anexo del Congreso recibió a los diputados que forman parte de la Comisión de Energía y Combustibles para tratar, entre otros temas, el proyecto de ley que busca incentivar las inversiones en energías renovables presentado por Marcelo Guinle, senador nacional del FPV por Chubut.

Sebastian Kind, asesor de Guinle que redactó la iniciativa y se puso a la cabeza de las gestiones para convencer a las autoridades y oposición de la necesidad de actualizar la normativa, hizo una breve presentación para explicar los detalles del articulado.

Según cuentas fuentes que estuvieron en la audiencia, Kind respondió algunas preguntas de los diputados, sobre todo de Martin Lousteau, Diputado y candidato a jefe de Gobierno de la Capital Federal por el partido ECO, quién planteó sus inquietudes sobre los beneficios fiscales. Se hicieron otras consultas, pero no críticas de fondo.

En definitiva, no hubo planteos firmes para hacer modificaciones y todo indica que el proyecto obtendría dictamen hoy y luego pasaría a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, tal como figura en el expediente debido a que plantea reformas impositivas. Según señalan los allegados a la propuesta también obtendría dictamen en esta instancia, por lo que se espera que en poco tiempo ingrese al recinto, para su tratamiento definitivo.

En este contexto, las expectativas para la iniciativa de Guinle son positivas: el oficialismo domina por amplia mayoría la cámara baja y aún con el rechazo de otras fuerzas políticas sería transformado en ley.

Además, cabe recordar que en el senado cosechó 58 votos a favor y apenas 4 en contra de legisladores del Frente UNEN que exigían “compre nacional”, para resguardar a la industria local.  De todas maneras, tampoco se conoce con precisión la posición de las fuerzas de la oposición y no se descarta que salga casi por unanimidad.

Los temas que han despertado la polémica en el sector están definidos: que la obligación de consumir un 8 por ciento de energía renovable recaiga sólo sobre los grandes usuarios; el límite de 113 dólares para el MWh entregado al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y sus dificultades para garantizar la diversificación de la matriz; y los beneficios para el ingreso de insumos importados en los primeros años de la puesta entrada en vigencia.

Último paso

No obstante, resta el último escalón y quizás más importante, que es el de la reglamentación. Dados los cambios en el mercado, sobre todo por la baja del barril de crudo, obligará a revaluar algunos aspectos financieros.

Para tomar un ejemplo, cabe mencionar el caso de la ley 26.190, sancionada en 2006 pero reglamentada en 2009, en coincidencia con el lanzamiento del programa de estímulos a las energías alternativas, GENREN. Demoró tres años y no logró los resultados esperados. La idea es no repetir esta experiencia.