¿En qué contexto surge el Proyecto de Ley 573, que modifica el la Ley sobre Energía Eléctrica en Panamá? 

Surgió por parte de la Secretaria Nacional de Energía de Panamá, con el propósito de actualizar y modernizar varios esquemas del mercado eléctrico panameño. Y además un componente de parte de ETESA, la empresa de transmisión de Panamá, para lograr dinamizar y optimizar la operación de la empresa estatal.

¿Qué necesidades actuales podría cubrir este Proyecto de Ley? 

Básicamente tratará cuatro elementos principales:

1. Cambios al sistema para escoger la junta directiva de ETESA, y sistema de compras/ventas.
2. Introducir la figura del comercializador de energía.
3. Establecer un tope a la participación de mercado de contratos de los agentes generadores, al igual que un tope a la capacidad instalada por agente (esto independientemente del tipo de tecnología).
4. Cambios al sistema de licitaciones. Eliminando las licitaciones por tecnología, especialmente las eólicas y solares, para establecer un sistema de todos contra todos, similar al utilizado en Guatemala. Esto complementado con una penalidad a las emisiones de toneladas de CO2 al momento de evaluar las licitaciones.

¿Cuál es su posición sobre la normativa actual del sector energético en Panamá? ¿Hay una urgencia de avanzar con nuevos Proyectos de Ley para cuestiones puntuales?, ¿cuáles?  

Pienso que la limitante que tienen la mayoría de los países de la región es que las leyes y normativas no están diseñadas a la par de las tecnologías actuales y los cambios rápidos que estas tienen.

Los cambios que estamos viviendo en el sector energético son impresionantes, las reducciones en capex de solar, eólica, además las reducciones que se esperan en almacenaje de energía son una realidad. Por esto, requerimos que las leyes consideren escenarios de grandes cambios. Y, en la medida que estas leyes se adecuen, podremos contar con un sistema de desarrollo económico en base a la eficiencia energética, desarrollo sostenible y energías renovables, que podrá ser el motor de mejores precios para el usuario final y generación de empleos y riqueza.

Es necesario democratizar el sector energético.

¿Qué principales peligros identifica en las modificaciones que se plantean a la Ley 6 que data de 1997 y las nuevas disposiciones? 

Más que peligros, diría que son puntos de oportunidades que estamos desaprovechando.

Recomiendo que en lugar de modificar el sistema de compra/venta de ETESA, se actualice la Ley de Contrataciones Públicas para que sea eficiente y transparente. La ley prolongará los beneficios y exoneraciones de impuestos a combustibles fósiles para generar energía. Y no se aplica una penalización a los daños causados al medioambiente y la salud.

Las exoneraciones de impuestos a combustibles fósiles como el diésel y el bunker que equivalen a unos 20 millones de USD por año, y esto únicamente produce un beneficio de ahorrar aproximadamente 1 centavo de dólar por kWh. Cuando, por otro lado, se eliminan los beneficios de exoneración de costos de transmisión de plantas renovables pequeñas (menos de 20MW), lo cual representan unos 6 a 7 millones de USD por año.

En ese sentido, ¿qué recomendaría?

Recomendaría aplicar y no exonerar los impuestos a los fósiles para que con esos fondos se puedan desarrollar programas de uso de eficiencia energética, educación energética y en nuevas tecnologías, pago de transmisión de pequeñas plantas renovables. Así, asegurando la independencia energética del país.

Por un lado, se han establecido normas, código de red… que podrían incrementar costos a renovables debido a la intermitencia de la tecnología. Es importante aclarar que aunque son intermitentes son predecibles, y en la medida que se cuenten con más proyectos en la geografía del país esta variabilidad será reducida.

En Panamá la disponibilidad de las térmicas en los últimos años ha estado alrededor de 70%, y el faltante ha sido atendido por medio de la flexibilidad de las operaciones de mercado, situación que muy bien aplica a las ERNC. Por lo que, el tema de potencia firme e intermitencia tecnológicamente se puede manejar.

¿Cómo cree que impactará en el sector eléctrico renovable?  

Eliminar la exoneración de cargos de transmisión a las plantas pequeñas renovables, impactará de forma negativa este tipo de desarrollos. Sobre todo en el renglón de plantas solares.

En cuanto a las licitaciones de todos contra todos, aún la Secretaria Nacional de Energía no ha explicado cómo será este nuevo sistema. Aspiro a que sea similar al de Guatemala, donde aunque son licitaciones convocadas para todas las tecnologías, cada variedad tiene su espacio y participación específica. Por eso, la importancia de contar con cuotas especificas en relación a contribución de renovables.

La Contribución Nacionalmente Determinada a la mitigación del Cambio Climático (NDC), incluye los sectores de energía y de UT-CUTS, “Uso de tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura”. El NDC de Panamá contempla la obtención de las metas determinadas como aporte nacional para estos dos sectores.

En el caso del sector energético, la Secretaria Nacional de Energía de Panamá (SNE) estableció un Plan Energético Nacional (PEN) 2015-2050 que busca aumentar la participación de las energías limpias y la reducción de las emisiones del sector eléctrico. El sector eléctrico en Panamá, se estima que crecerá aproximadamente a una tasa de 4.6% hasta el 2050.

¿Qué puntos destaca?

Las medidas y políticas incluyen: utilizar combustible con menor contenido de carbono; impulsar el incremento de la inversión en fuentes renovables; mejorar la eficiencia del sector eléctrico; modificar y crear nuevas regulaciones que promuevan energías renovables; y, la eficiencia energética.

La NDC busca incrementar el porcentaje de generación eléctrica por medio de fuentes renovables como solar, eólica y biomasa en un 15% al 2030 y en un 30% al 2050.

Para lograr esto, Panamá se deberá apoyar en el PEN 2015-2050, específicamente en la descarbonización de la matriz eléctrica. Panamá presentó su NDC con el objetivo de apoyar el esfuerzo global en mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 2°C.

Utilizando las referencias del PEN 2015-2050 y la NDC, podemos establecer metas claras para incorporar % programados de las nuevas instalaciones. Esto tomando en cuenta las grandes posibilidades para la electrificación de la movilidad, es decir el sector transporte. Demanda que puede ser suplida con ERNC, creando empleos e inversión para el país.

Con respecto a las licitaciones para proyectos de generación a través de fuente renovable no convencional ¿cuál es la necesidad del sector empresario? 

El primer paso para esto es establecer cuotas específicas de participación anual de renovables en nuestra matriz energética, que sean reales y cuantificables. Tenemos muy buenas leyes, pero no se aplican. En 10 años solo hemos tenido dos licitaciones eólicas y una solar.

En energía contratada, las eólicas suman 2,154 GWh, a precios de 96.96 hasta 110 USD/MWh y la solar 660 GWh a un precio de 87.25 USD/MWh, por otro lado, del 2011 al 2017, se realizaron doce (12) licitaciones ya sea exclusivas para generadores fósiles térmicos y/o donde solo se adjudicaron a generadores térmicos. Y en el caso del Gas Natural se licitaron 48,063 GWh (energía), 24 veces más que eólica, a precios desde 84.98 hasta 137.87 USD/MWh.

Para combustibles fósiles se han licitado 8 veces contratos de largo plazo, para hidroeléctrica dos veces, en este mismo periodo. Es claro que las oportunidades de participación no han sido las mismas.

Por eso, la importancia de los cambios a las reglas del sector energético. Es importante crear lo espacios y oportunidades para traer estas inversiones a Panamá.

¿Cuál es la propuesta del Gobierno? 

El gobierno propone cambios que son buenos, aunque necesitan el apoyo de la empresa privada y participación ciudadana para que se mejoren los planteamientos que se desean incorporar.

Debemos tener una visión más allá de los combustibles fósiles, y pensar más allá de reducir la tarifa eléctrica a corto plazo. Queremos reducciones a largo plazo, que no sean afectadas por la irregularidad del sector de carbón, gas y petróleo, los panameños quieren una mejor tarifa, además de más empleos,  cuidar el ambiente y la salud de nuestra población. Hay oportunidades, y mucho espacio para mejorar.

Puedo decir que la comisión de comercio de la Asamblea Nacional, y además la SNE, ETESA y el regulador (ASEP), se han reunido con gremios, empresas y sector sindical para buscar mejoras al documento original.

Han salido de estas gestiones varias mejoras, como por ejemplo que se establecerá un piso a la penalidad, en las licitaciones, por emisiones de toneladas de CO2/kWh a unos 10 USD. Sin embargo, preferiría arrancar con 20 USD por tonelada de emisión de CO2.

Además se han acordado mejoras a otros aspectos regulatorios, y espero que permitan mayor participación renovable, como lo es la incorporación del comercializador.