Uno de los puntos más importantes que destacó en base a este último es el plazo máximo para que se resuelva esta situación de los contratos que no se podrán llevar a cabo de ninguna manera. 

“Necesitamos que se resuelva lo antes posible. Entiendo que para fin de este año o principios del 2022 tiene que estar resuelto. Y a partir de ahí salir nuevamente a las rondas, ya sea como lo hace el Mercado a Término (MATER), y que se mueva el mercado”, manifestó. 

Y continuó: “Tanto la industria nacional, como los inversores y los tecnólogos están esperando con los brazos abiertos”. 

El gobierno prepara una resolución para contratos complicados de energías renovables

Es preciso mencionar que el borrador al que este portal accedió es uno de los tantos que circulan dentro del sector energético de Argentina, el cual no tiene la firma de las autoridades nacionales y aún resta confirmación oficial. 

De todos modos, en el mismo se baraja la posibilidad que, de concretarse, la solicitud de rescisión contractual deba ser presentada ante CAMMESA en un plazo no mayor a treinta días corridos a partir de su publicación. 

Mientras que los titulares de los proyectos tendrían que presentar la documentación asociada en un plazo no mayor a noventa días hábiles. Y una vez presentada la declaración jurada de renuncia, la autoridad de aplicación podría proceder a dejar sin efecto el acto administrativo por el cual se otorgó el certificado de inclusión, en caso que corresponda.

Ya frente a los montos a abonar, Pagani hizo hincapié en en el caso de aquel propuesto para los emprendimientos eólicos – USD 17.500 por megavatio de potencia contratado – y consideró que “el tema de las multas es bastante benévolo”. 

“Es acorde a lo que requería y requiere el sector. Pero creo que siempre tiene que haber premios y castigos, es decir, tiene que haber algo para premiar al que hizo el proyecto en términos, se esforzó y consiguió la financiación”, agregó. 

Además le pareció “positivo” que se trate de incrementar el componente nacional declarado en los proyectos que no han tenido avances. “Eso es bueno para la industria nacional”, afirmó.

Justamente uno de los requisitos que menciona el borrador para la solicitud de reconducción contractual es la acreditación de un mínimo de Componente Nacional Declarado (CND) del 30% en las instalaciones electromecánicas del proyecto, o el incremento de, al menos, 5% del CND, cuando el proyecto hubiera comprometido un porcentaje inferior al 30%.