Ahora bien, y como parecen haber notado quienes rodean al gobernador, la normativa tanto de orden local como de orden federal presenta importantes barreras para la efectiva implementación del llamado “impuesto al viento”.

En primer lugar, y en consonancia con lo dispuesto en el orden federal, la constitución de Chubut establece expresamente que corresponde al Poder Legislativo el dictado de normativa tributaria –artículo 135, inciso 2-, razón por la cual el gobernador debería necesariamente encauzar su pretensión a través del cuerpo legislativo local.

Por otra parte, la constitución local también veda expresamente al Ejecutivo la posibilidad de adoptar medidas legislativas que versen sobre materia tributaria, aún en casos de necesidad y urgencia -artículo 156-, siendo esta una barrera adicional en caso que el Ejecutivo intentase saltear al Legislativo en esta cuestión.

Asimismo, debe tenerse presente que la provincia de Chubut adhirió, mediante Ley Provincial XXIV-79, al Consenso Fiscal suscripto el 16 de noviembre de 2017 entre el Presidente Macri y los gobernadores de varias provincias –el “Consenso Fiscal”-, documento en el cual se recogieron los principios del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento celebrado el 12 de agosto de 1993.

La importancia de esta adhesión reside en que en el Consenso Fiscal las provincias firmantes asumieron el compromiso de derogar inmediatamente los tributos específicos que graven la transferencia de combustible, gas, energía eléctrica -incluso los que recaen sobre la autogenerada- y servicios sanitarios, excepto que se trate de transferencias destinadas a consumidores finales (artículo 1ro., punto III, inciso “s” del Consenso Fiscal).

Respecto de la última parte del inciso – excepto que se trate de transferencias destinadas a consumidores finales– debe tenerse presente que el artículo 12 de la Ley Nacional 15.336 –“Ley de Energía Eléctrica”, promulgada en agosto de 1960- establece que las obras e instalaciones de generación, transformación y transmisión de la energía eléctrica de jurisdicción nacional y la energía generada o transportada en las mismas no pueden ser gravadas con impuestos y contribuciones, o sujetas a medidas de legislación local que restrinjan o dificulten su libre producción y circulación, razón por lo cual se encontraría vedada la posibilidad de aplicar el tributo aunque sea respecto de transferencias destinadas a consumidores finales –como intenta exceptuar el Consenso Fiscal-.

En relación a ello es importante destacar que el artículo 13 del Decreto 1192/1992, reglamentario de la Ley Nacional 24.065 –“Régimen de la Energía Eléctrica”, promulgada en enero de 1992- establece que las actividades que hacen al cumplimiento del objeto social de CAMMESA son de interés nacional, indispensables para la libre circulación de energía eléctrica y se encuentran comprendidas en los términos del Artículo 12 de la Ley N° 15.336 por lo que las provincias están alcanzadas por la prohibición contenida en el referido artículo y, en consecuencia, no podrán aplicar tributos a la constitución, transferencia de bienes o servicios, actas o instrumentos de cualquier naturaleza, ingresos, precios, tarifas, actividades y contratos que directa o indirectamente incidan sobre la constitución y el cumplimiento del objeto social de la referida sociedad anónima.

En pocas líneas, puede vislumbrarse que no son pocas las barreras legales a las que se enfrentaría el gobernador Arcioni respecto de la implementación del “impuesto al viento”.

Ahora bien, y como ya lo han adelantado distintos especialistas, en caso de avanzarse con la implementación del impuesto se deberá a su vez tener presente lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Nacional 27.191 –“Régimen de Fomento para la Generación de Energía de Fuentes Renovables”, promulgada en octubre de 2015-, el cual establece que (…) cualquiera sea la fecha en que sus proyectos se inicien y desarrollen, podrán trasladar al precio pactado en los contratos de abastecimiento de energía renovable celebrados, los mayores costos derivados de incrementos de impuestos, tasas, contribuciones o cargos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires producidas con posterioridad a la celebración de dichos contratos.

En tal sentido, dichos incrementos serían soportados –como siempre ocurre- por el usuario final, razón por la cual si la oposición lograse convencer a la ciudadanía de que la medida impulsada por el gobernador redundaría en un mayor gasto para los votantes de la provincia –por el correspondiente aumento tarifario-, se presume que, amén del aumento en términos de recaudación impositiva, el gobernador correría el riesgo de una potencial merma de capital político en vistas a las elecciones del presente año.

A su vez, y en lo que respecta al plano legislativo, se entiende que ningún legislador querría quedar como impulsor o adherente de una medida que agravase la situación económica de los votantes, por lo que también se presume que sería difícil que el oficialismo pudiese contar, llegado el caso, con el apoyo de otros partidos cuando el tema fuese finalmente discutido en la legislatura local.

No obstante lo anterior, en caso de avanzarse con la sanción del impuesto al viento los afectados podrían interponer una “acción declarativa de certeza” por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de canalizar el cuestionamiento del impuesto, ello con sustento en las normas federales previamente mencionadas y de conformidad con la competencia establecida en la Constitución Nacional -artículos 116 y 117, segunda parte-.

Asimismo, mientras se tramitase la acción declarativa los afectados podrían solicitar el dictado de una medida cautelar de no innovar, a fin de que se ordene a la Provincia abstenerse de liquidar, reclamar, intimar o proseguir con la exigencia de pago del respectivo impuesto, hasta el dictado de la sentencia definitiva.

Por último, discusión aparte merece la rotulación y caracterización de esta movida del gobernador Arcioni como “impuesto al viento”, en comparación al tributo sancionado en España mediante el dictado del Real Decreto 900/2015, de fecha 9 de octubre del mismo año, el cual fue mayormente conocido como “impuesto al sol”. En tal sentido, dicho impuesto al sol –el cual fue derogado por el PSOE en octubre del año pasado- tuvo por objeto aplicar una tasa a aquellos usuarios de renovables que hicieran autoconsumo a fin de poder financiar el mantenimiento del sistema convencional, bajo el argumento de que, cabiéndoles la posibilidad de utilizar la red convencional –por estar conectados al mismo los autoconsumidores- sería injusto que no contribuyesen a su sostenimiento.

No obstante el argumento oficial, el trasfondo del impuesto al sol recaía simplemente en que las empresas de energía convencional no perdieran dinero ante el avance de las renovables, mientras que a la par el gobierno español podía recaudar el dinero extra generado por dicho impuesto. En el caso de Chubut la intención era lisa y llanamente tributaria, con el fin de “que quede algo en la provincia”, como bien lo han expresado las autoridades locales.

En fin, será la implementación formal del impuesto al viento la que terminará definiendo las vías legales a adoptar. Mientras tanto, y dada la reciente marcha atrás del gobernador Arcioni con respecto al tributo, sólo queda esperar que dicha marcha atrás sea definitiva a fin de no desincentivar las inversiones, tanto para la provincia como para el país.