Motivados por esta negación, junto a Leonardo Calabresi, presentamos un trabajo en la XXXVII Reunión de Trabajo de ASADES realizada en el año 2014, en la Ciudad de Oberá, Misiones, titulado “Guía para la valorización de los ahorros energéticos”.

En él, analizamos los distintos actores que se beneficiaban de la aplicación de una medida de ahorro energético e indicamos una distinción entre el beneficio privado o particular y beneficio social, o del conjunto de los actores. La conclusión del mismo era que muchos proyectos eran muy positivos en caso de considerar a todos los favorecidos pero que podían no serlo en caso de que únicamente se considerara el beneficio privado del mismo.

Este lo entendíamos como aquel que logra el interesado que lleva adelante la medida de eficiencia (y realiza la inversión correspondiente), es decir, una merma en la demanda eléctrica que produce un ahorro en su factura sea sólo por el componente de energía como también por una potencial baja en la potencia contratada con el distribuidor del área.

Adicionalmente a este ahorro, hay una serie de beneficios adicionales que deben ser tenidos en cuenta, y que detallamos en el trabajo. El más intuitivo era la disminución de subsidios por parte del Estado Nacional, ya que si el usuario final pagaba un porcentaje del costo real y el Estado Nacional subsidiaba el resto, ante una disminución en la demanda de energía por parte del usuario, el Estado ahorraba también dicho subsidio.

Siendo más precisos, el ahorro que logra es aún mayor, dado que una disminución de 1 MWh consumido implica una menor producción de energía eléctrica de alrededor de un 15% más, debido a las pérdidas ocurridas en las redes de distribución y transporte.

Por otro lado, dependiendo del tipo de ahorro logrado (por ejemplo, no es lo mismo si es en hora pico o durante la madrugada o si es en días de semana o de fines de semana donde la demanda es menor) puede que esa eficiencia repercuta positivamente en el sistema eléctrico en su conjunto permitiendo posponer inversiones necesarias para el abastecimiento a la demanda. Es decir, si el ahorro ocurre en horas de pico del sistema, esa baja de la demanda puede ser asimilable a una expansión del sistema de generación y de distribución.

Asimismo, este menor consumo (y su menor generación eléctrica asociada) generará beneficios ambientales por menor uso de hidrocarburos en la matriz de generación de energía eléctrica.
De esta forma, al beneficio privado que surge de una menor factura propia de energía hay que sumarle un beneficio social que obtienen otros actores del sistema (Estado Nacional por menores subsidios erogados, sistema eléctrico por menores inversiones en ampliación necesarias, beneficios ambientales, etc.).

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¿Qué significa esto?

Es cierto que muchos proyectos podían no ser rentables per se, si implicaban una fuerte inversión por parte de un usuario (sea residencial o industrial) y el repago del mismo se calculaba sólo con el ahorro del usuario, cuyo suministro estaba subsidiado. No obstante, no significaba que el proyecto no sea económicamente viable, sino que existía/n otro/s actores que sí se beneficiaban fuertemente del ahorro energético aunque no participaban de la inversión.

Siguiendo este esquema de análisis, se concluyó en que el Estado Nacional (que subsidiaba en gran parte la energía eléctrica consumida) obtenía importantes beneficios por la concreción de programas de ahorro energético.

Para ejemplificar a los distintos tipos de beneficiarios, en el trabajo mencionado presentamos un ejemplo con la valorización del programa de entrega gratuito de lámparas de bajo consumo en el que se observa que el ahorro en subsidios por parte del Estado Nacional era más de 3 veces superior al ahorro directo de los usuarios por tener menor demanda. A su vez, las inversiones en ampliación del sistema que podían ser pospuestas tenían órdenes de magnitud similares al ahorro del Estado Nacional.

Estos resultados demuestran que el ahorro privado es sólo uno de los componentes de los beneficios que se alcanzan por programas de uso eficiente de la energía (mientras el nivel de subsidio es mayor, menor será el impacto del beneficio privado) y permiten justificar, desde el punto de vista económico, la participación activa del Estado Nacional en proyectos de eficiencia energética. Esta puede realizarse a través de distintos medios, siendo los más usuales, aunque no los únicos el otorgamiento de créditos para la inversión en este tipo de proyectos en condiciones de repago muy favorables.

¿Y la Generación Distribuida?

Este tipo de análisis puede ser de aplicación a la Generación Distribuida dado que, esencialmente, no diferiría en una medida de uso eficiente de la energía en el sentido que se obtienen los mismos servicios energéticos (por ejemplo, una industria produciría lo mismo) con menor demanda de energía del sistema.

En ese sentido, debería evaluarse detalladamente qué beneficios “sociales” se obtienen a través de la instalación de generación eléctrica de fuentes renovables y distribuidas geográficamente además del directo para el usuario privado. Típicamente, los mismos pueden incluir menores pérdidas en los sistemas de transporte, posposición de inversiones, menor emisión de GEI u otros que pueden darse por fuera del sector eléctrico, como por ejemplo generación de empleo, desarrollo regional, creación de nuevas empresas, etc.

De esta forma, quedaría plenamente justificado que se otorgaran distinto tipo de incentivos adicionales a la generación distribuida tal como ser tarifas especiales o financiamiento a la compra del equipamiento en condiciones ventajosas.

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