La preocupación de la ciudadanía en relación al gasto que representa la cuenta eléctrica en su canasta de consumo y que se venía incubando desde el vertiginoso capitulo de los medidores inteligentes, se incorporó como una de las varias demandas sociales que remeció a Chile estos días.

No es un asunto nuevo. El alza de cuentas eléctricas ha sido una preocupación no sólo de este gobierno, sino de todos los anteriores. El debate de por qué suben las cuentas y qué hace o no hace el Gobierno se ha instalado a diario en matinales y noticieros, saliendo por fin del armario de las revistas especializadas y los foros de ingenieros.

Con el anuncio del proyecto de ley que creará un fondo de estabilización para las tarifas eléctricas, el Gobierno dio una señal de haber recogido el mensaje que se lanzaba desde las calles y que es que una segunda alza en el año de las cuentas eléctricas, de un 9.2%, no sólo era cuestionado y rechazado, sino también se instaló al consumidor en el centro del debate.

Este nuevo consumidor tiene una especie de “alerta permanente” que le permite exigir  saber si dichas alzas le hace pagar un precio justo por su energía, o si en realidad, está siendo castigado por un exceso de cargos que beneficia a las compañías eléctricas con sobre rentas.

La afectación de la población dice relación con la proporción que representa el gasto de a cuenta eléctrica en su bolsillo, además de que Chile siempre parece estar encabezando los rankings de países con la cuenta eléctrica más cara de la región o del mundo.

El punto tampoco es nuevo. Allá en 2014, nos preocupamos cuando el Indice global de rendimiento de la arquitectura energética que publica el Foro Económico Mundial, posicionó a Chile como uno de los 13 países con las tarifas eléctricas más caras del mundo, a partir de una muestra de 124 naciones.

En la actualidad, somos unos de los países de la región donde es más cara la tarifa eléctrica para consumidores residenciales. En un estudio reciente del órgano regulador peruano, Orsinegmin, se concluyó que Chile ocupa el 5to lugar de tarifas residenciales más caras del conjunto de 14 países analizados. Lo interesante, es que ese lugar cae a la 9na posición cuando se trata de tarifas de grandes  consumidores o clientes industriales.

La propuesta de estabilización, tal como ingresada al Congreso, se resume en que los generadores van a postergar el alza de las tarifas de sus contratos suscritos con las Distribuidoras, a cambio de que cuando la tarifa en su componente de generación esté a la baja, dicha disminución no se produzca y así se mantenga la tarifa en los niveles actuales.

En mi visión, el anuncio de la medida es efectivamente un alivio a las cuentas. Se aplicaría un congelamiento entonces para todo el universo de clientes regulados. Esta semana se discutirá en el Congreso, las variantes al proyecto que puedan presentarse como por ejemplo, si se aplica a todos los clientes regulados o si sólo a los residenciales y las Pymes.

También se analiza si las empresas distribuidoras deberán emitir un instrumento financiero de reconocimiento de la deuda en favor del generador, tipo “pagaré”, en función del contrato que tienen, contra la acumulación de la deuda.

Existen varios ejemplos de mecanismos de estabilización. En Chile mismo, el Precio estabilizado para los pequeños medios de generación distribuida es un ejemplo reciente, que el Gobierno decidió modificar sin consenso con la industria de pequeños generadores solares y eólicos, afectando la posición de estos proyectos.

En el Reino Unido, en tanto, el Ofgem, el regulador del sector eléctrico, ha aplicado un mecanismo de precio máximo por Kwh consumido, fijado dos veces al año, que actúa como un techo que se ajusta al alza o a la baja, dependiendo de los costos que las compañías eléctricas enfrenten.

Lo interesante de esta experiencia, y guardando las diferencias entre un diseño regulatorio como el del Reino Unido y el nuestro, es que al momento de aplicar la medida del mecanismo de precio cap, el regulador anunció el estudio de otras reformas necesarias para hacer cumplir uno de los mandatos de esta oficina, que es precisamente asegurar el acceso a precios justos de energía, una misión que en nuestra institucionalidad regulatoria no existe textualmente.

En efecto, si nos fijamos los objetivos de la CNE, dice que este órgano “será un organismo técnico encargado de analizar precios, tarifas y normas técnicas a las que deben ceñirse las empresas de producción, generación, transporte y distribución de energía, con el objeto de disponer de un servicio suficiente, seguro y de calidad, compatible con la operación más económica”, y no considera el resguardo de precios convenientes como lo hacen otros organismos regulatorios del sector en otros países.

Este enfoque hacia el consumidor podría entonces ser parte de esas mejoras a plantear, en este justo momento, a la institucionalidad regulatoria del sector, para que se sintonice no sólo con la coyuntura social sino que también con el hecho de que la transición energética que Chile y el mundo requiere consolidar, pone al consumidor, al ciudadano, en el centro del fenómeno, y así como de importante es el reemplazo de combustibles fósiles por energías renovables, pone el acento en el rol de consumidor – productor de energía, ósea el “prosumidor”.

Por ello, sería un avance más que los actores del mercado energético, y no solamente el eléctrico, como son el regulador y las empresas, los consumidores y los analistas, nos obligásemos a pensar si es que este anuncio de congelamiento de tarifas es suficiente para el largo plazo, para la transición energética, para tarifas eléctricas justas y convenientes.

Creo estamos en un momento de oportunidad única para hacer un “big bang” que revise otras estructuras de funcionamiento y de costos del sector eléctrico, que vayan más allá de un mecanismo de estabilización.

En lo mas inmediato, creo que es fundamental resguardar que este mecanismo de estabilización cumpla con su objetivo de no incrementar el costo del suministro eléctrico para la población que resiente más las alzas, y que, al mismo tiempo, no retrase los avances de los proyectos renovables que recién empezaron a operar o que aún no están construidos pero que tienen contratos adjudicados y que en este momento buscan o están cerrando financiación.

La industria renovable tiene una mirada atenta al mecanismo, se requiere una vez mas de certeza jurídica de que el mecanismo funcione y se respete en el largo plazo y cuando otras autoridades de gobierno sean los responsables de cumplir con el diseño tal cual fue pensado hoy para cumplir con las expectativas de las personas y de las empresas.