Quienes hemos participado en un proyecto de energías renovables, especialmente aquellos de dimensiones importantes que comportan desde la fabricación de turbinas hasta la ejecución de un EPC, sabemos lo complejo que es el proceso.  Independientemente de su magnitud, la planificación debe realizarse previendo sus requerimientos, forma de obtenerlos y las eventuales contingencias que pueden presentarse durante su ejecución. La planificación debe, además ser flexible y adaptable al avance del proyecto según se requiera.

Usualmente, la atención se enfoca en temas técnicos (planos, materiales, diseños) y financieros (fuente de financiamiento, estructura, plazos, garantías) y al final de la cadena alimenticia: los temas legales.  Por ello, la sostenibilidad del proyecto también depende del conocimiento y entendimiento del entorno legal en el cual se desarrollará. Para que el tema sea más palpable quiero traer a colación dos proyectos: el Plan de Expansión de Transmisión (PET) en Guatemala y el proyecto hidroeléctrico Diquís en Costa Rica.

En el caso de Guatemala, el PET generó una interesante polémica en vista que la declaratoria de urgencia mediante el Acuerdo Gubernativo 145-2013, emitido por el Presidente de la República de Guatemala en Consejo de Ministros, el 20 de marzo de 2013, que establece «Declarar de Urgencia Nacional y Necesidad Pública la Construcción de las Obras contenidas en el Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica y las Obras en el Plan de Electrificación Rural».[1]

El PET incluía l el proyecto de cableado de alta tensión PET I-2009, adjudicado por el gobierno presidido por Álvaro Colom en el 2009 a Transportadora de Energía de Centroamérica (Trecsa), empresa de capital colombiano.  Entre las obras involucradas están:

  • Más de 1 mil 294 kilómetros de líneas de transmisión, de las cuales 866 están a cargo de Trecsa;
  • Construcción de 12 subestaciones nuevas y la ampliación de otras 12.

Con la declaratoria de urgencia, se pretendía facilitar y agilizar la ejecución del proyecto.

Dicho acuerdo, en resumen establecía el “declarar de urgencia nacional y necesidad pública la construcción de las obras contenidas en el plan de expansión del sistema de transporte de energía eléctrica y las obras en el plan de electrificación rural.”

No obstante, la Corte de Constitucionalidad, el 19 de diciembre de 2018 declara inconstitucional dicho acuerdo, señalando que “no existe ninguna disposición de carácter constitucional que faculte al Presidente de la República para que pueda dictar, bajo esa calificación, un asunto relacionado con la electrificación del país, toda vez que el constituyente no se la delegó ni expresa ni tácitamente, sino que, por el contrario, fue una declaración que aquel dejó plasmada en el Texto Supremo para que los órganos del Estado constituido (en el que incluyó a las municipalidades) atendieran el asunto con prioridad por la transcendencia del asunto para el desarrollo del país.

Aparte, el proyecto ha enfrentado residencia en municipios y centros de población al punto que ha tardadocerca de ocho años solicitando todos los permisos que se requieren y al cumplir ese paso habrá completado el 80 % del plan proyectado. El desafío mayor está en el occidente del país en donde las comunidades se oponen a los proyectos de transmisión. “Debemos convencerlos de que con el Grupo Energía de Bogotá tienen progreso”, reconoce Álvarez, y para ello propone conservar los bosques, consumir menos leña y proteger los recursos hídricos.”

El caso costarricense involucra lo que pudo haber sido el proyecto hidroeléctrico más grade de Centroamérica: el PH Diquís.  El proyecto estaba proyectado para desarrollarse en el Río Térraba al sur del país. Habría contado con una capacidad instalada de Potencia instalada652 MW y un embalse de 6815.42 ha. y una inversión de fondos públicos de más de dos mil millones de dólares.

Desde el 2011, el Relator Especial de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas señaló la necesidad de establecer un mecanismo de consulta a los pueblos indígenas sobre este proyecto, componente necesario para terminar el Estudio de Impacto Ambiental y, mediante resolución 15711-2016, la Sala Constitucional anuló parte el artículo 8 del Decreto Ejecutivo Nº 34312-MINAE  que establecía los sitios de explotación os sitios para explotación de materiales para la presa, casa de máquinas y obras conexas. Ya el decreto oportunamente había sido cuestionado al punto que la Sala Constitucional condicionó su validez a que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizara la consulta correspondiente a los pueblos indígenas de la zona, sin embargo, en 8 años nunca se realizó.

El ICE decide suspender indefinidamente el proyecto no sin antes invertir alrededor de USD$146,000,000.00 en estudios y otras actividades.

La aplicación de la ley es un ejercicio de interpretación. A veces es claro otras veces no tanto porque siempre habrá zonas grises. Es por ello que el entender el entorno legal en donde se ejecutará el proyecto es un riesgo que debe de estar al mismo nivel que los riesgos financieros e ingenieriles.

En los casos expuestos, ambas empresas han visto sus intereses y patrimonio afectados en mayor o menor grado por la interpretación y ejecución de una normativa que, posteriormente las cortes constitucionales de cada país decidieron que eran contrario a la Constitución.  Siempre hay que prever decisiones negativas por parte de autoridades administrativas y judiciales.

¿Qué es posible generar absoluta certeza para los inversionistas? No. No estamos ante una ciencia exacta; con más razón los tomadores de decisiones deben de desarrollar los proyectos en un ambiente de en donde profesionales en ingeniería, finanzas y el derecho trabajen en equipo.  Así los integrantes del equipo deben de ser capaces de entender,  las necesidades y riesgos del proyecto y desarrollar estrategias de mitigación a los riesgos, para que desde sus disciplinas con la retroalimentación de los demás, puedan proponer soluciones eficientes y oportunas.

El éxito de una planificación, desarrollo y ejecución de un proyecto de infraestructura pasa necesariamente por visualizar que el equipo a cargo debe ser multidisciplinario para prevenir contingencias, algo que los inversionistas seguramente van a agradecer…¡y bastante!