Con origen en el proyecto del Senado 984 presentado por Larry Seilhamer y Eduardo Bhatia el año pasado, la nueva ley abre la posibilidad de conformación de cooperativas eléctricas que antes no existían en el país, habiendo sido la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) la única operadora en el sistema.

Como punto importante, esta ley determina que la transformación del modelo energético incluirá la organización de comunidades solares, microredes comunitarias, regionales o municipales, cooperativas eléctricas o cooperativas de energía.

Entre los motivos expuestos se persigue que de esta manera se logre democratizar el acceso de la gente a la energía renovable, y contribuir a la resiliencia comunitaria ante desastres naturales. 

El camino hacia una matriz más sustentable ya empezó a definirse a finales del año pasado a través de la aprobación del proyecto 1121 que crea la “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”. Allí, ya se planteó como meta lograr resiliencia en el sistema para afrontar los embates de los fenómenos meteorológicos que pueden ser devastadores, se propuso apoyar el crecimiento de las fuentes de energía solar principalmente (por la modularidad del sistema) y la integración de microredes.

A partir de allí es que esta nueva ley definió que las microredes tendrán la capacidad de conectarse y desconectarse del sistema de transmisión y distribución de la AEE, de manera que puedan operarse tanto interconectadas como “off the grid”. Y también podrán suscribir contratos de venta de energía con otros consumidores afiliados, así como vender el exceso de su producción a otros servicios de la red eléctrica.

Otro objetivo de las microredes que se desprenden de esta ley es reducir el consumo eléctrico basado en combustibles fósiles a través de optar preferiblemente por la generación renovable local y estrategias de reducción de consumo eléctrico. Ya que como política de Estado, Puerto Rico definió que para la transición energética se deberá alcanzar una cobertura de la demanda de un mínimo de 20% para el 2025; 50% para el 2040; y 100% para el 2050.

“Puerto Rico tiene que transicionar hacia un modelo que sea centrado en el individuo y que crezca significativamente en renovables. Nuestro objetivo es saltar de un 1% de renovables a un 40% y lo esperamos hacer en los próximos 5 a 7 años”, declaró a este medio el gobernador Ricardo Rosselló, el año pasado.

En tanto, dentro de los 90 días desde la aprobación de esta Ley (restan 60 desde la publicación de este artículo), el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), ente independiente y especializado encargado de asegurar la ejecución de la Reforma Energética, deberá enmendar, aprobar y/o derogar las normas y reglamentos que sean necesarios para el cabal cumplimiento con las disposiciones de esta nueva Ley. Por lo que en este primer trimestre de 2019 las cooperativas eléctricas contarán con todo el marco para su inicio de generación y operación comercial.