Mendoza fue una de las primeras provincias del país en permitirles a sus usuarios la inyección de energía limpia a la red eléctrica a través de fuentes de energías renovables. Lo hizo en el año 2015, donde se registró la primera conexión.

A cuatro años de ese hito, Raúl Faura, gerente de asuntos regulatorios del EPRE de Mendoza, cuenta a Energía Estratégica Argentina que actualmente hay casi 150 usuarios-generadores conectados, los cuales totalizan casi 400 MW de potencia instalada. El funcionario precisa que casi todas las conexiones son solares fotovoltaicas, pero que existen de otras fuentes, como por ejemplo una de biogás de 150 kW.

Señala que hasta el momento la Provincia no ha otorgado ningún beneficio extra a los usuarios, sólo el descuento de la energía inyectada sobre la consumida en la tarifa eléctrica.

Pero destaca que próximamente, a través de la Ley provincial 9084 –VER EN LÍNEA-, sancionada a mediados de año pasado, la jurisdicción hará más atractivo el esquema.

Por un lado porque adherirá a la Ley nacional 27.424, accediendo a los incentivos que otorga esta normativa federal. Por otro, porque incorporará nuevas figuras que “ampliarán el concepto de generación distribuida”, destaca Faura.

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“Pretendemos generar las condiciones para que se habiliten ‘comercializadores’ que puedan comprar y vender energía a partir de fuentes renovables”, resalta el gerente del EPRE.

Además, se incluirán figuras como la del ‘Generador Virtual’, un sistema integrado por recursos de energía distribuida que actúan como una única planta de generación; o el ‘Usuario/Generador Colectivo’, que radica en un conjunto de usuarios/generadores contiguos agrupados bajo la forma de un aprovechamiento colectivo de energías renovables, entre otros conceptos como el de redes inteligentes o la propia compra y venta de energía entre privados.

Cuenta Faura que en estos momentos están terminando de delinear aspectos de la reglamentación de la Ley 9084 junto a una mesa de trabajo en la que, además del EPRE y el Gobierno de Mendoza, participan universidades, distribuidoras, el Colegio de Abogados, Cámaras de Comercio y especialistas en el tema.

“Se han hecho diversos aportes; hemos conformado distintas comisiones para tratar todos los aspectos y una vez que se termine de elaborar el texto de reglamentación, lo vamos a someter a consulta pública”, se compromete Faura.

Explica que el documento estaría listo entre agosto y septiembre próximo. Luego, se realizará una propuesta a la Secretaría de Servicios Públicos de la Provincia y, una vez aprobado, será sometido a la opinión del público durante todo un mes.