Entre los diversos proyectos tratados en las dos sesiones que tuvo la Cámara Baja entrerriana la semana pasada pasó casi desapercibido un texto que determina la instalación de sistemas de energía solar en edificios y obras públicas.

En el artículo primero del proyecto que obtuvo media sanción se establece “la incorporación progresiva y obligatoria de sistemas de captación de energía solar de baja temperatura para la producción de agua caliente sanitaria y/o para la alimentación de sistemas de calefacción, como parte integrante de los proyectos de construcción y/o readecuación de edificaciones públicas”.

Asimismo, más allá del alcance particular de la norma, en el articulado -de autoría de la diputada Miriam Lambert– se establece que esta iniciativa deberá “enmarcarse en un proceso progresivo de implementación de la utilización de energías renovables en el desarrollo urbano”.

En la parte de los fundamentos, se sostiene que “el contexto regional, nacional y provincial, se encuentra en crisis respecto de la generación y costo de las fuentes de energías tradicionales, las que a su vez tienen un fuerte impacto negativo en el ambiente, lo que requiere la generación de políticas que revierta el actual estado de situación. En este sentido, se debe priorizar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de las fuentes energéticas convencionales, facilitar el acceso a la energía a sectores marginados, y aumentar la generación de energía a partir de fuentes renovables y descentralizadas”.

En la implementación de este tipo de sistemas se deberán priorizar jardines maternales de gestión estatal provincial y centros de atención primaria de salud provinciales; centros con uso deportivo, educativo y social; nuevos planes de viviendas a través de diferentes sistemas de promoción, en el equipamiento comunitario y en las viviendas cuando sea posible, ampliaciones o modificaciones de edificios públicos ya existentes que involucren los sistemas sanitarios.

En el proyecto se establece expresamente que se deberá dar preferencia en la adjudicación por compras, contrataciones, suministros o servicios a ofertas de empresas y/o comercios de procedencia local.

Fuente: AIM.