A fines del mes pasado, la Secretaría de Energía de la Nación obligó a las empresas petroleras, a través de la Resolución 44/2014, a agregar un 0.5 por ciento más de bioetanol en las naftas hasta que se termine el año corriente, a los fines de alcanzar una meta de corte del 10 por ciento, demanda que venían sosteniendo desde el sector desde hace tiempo.

Sin embargo, dicha resolución contempla también una disminución del pago que realizan las petroleras a productores de bioetanol en aproximadamente un 30 por ciento en forma gradual, cinco por ciento cada mes, partiendo de éste, y podría extenderse hasta marzo de 2015.

Aquello generó un gran malestar en el sector, sobre todo para las compañías que apostaron a producir el combustible a base de aceite de maíz, realizando grandes inversiones, sobre todo en Córdoba.

En protesta a este cambio en las reglas del juego, un nuevo expediente ingresó en la Cámara de Diputados de la Nación, firmado por la legisladora cordobesa Patricia De Ferrari Rueda y el sanluiseñoJosé Luís Riccardo, ambos compañeros de bloque por la UCR, quienes tildaron a la Secretaria de Energía de la Nación, de “unilateral e intempestiva” al llevar a cabo la medida sin consultar.

Se trata de un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional sobre diversas cuestiones relacionadas con las modificaciones en el precio que las petroleras pagaran por el bioetanol de maíz.

Allí postulan que la Secretaría de Energía de la Nación dé explicaciones “sobre qué necesidades económicas se sustenta la modificación por la cual se reduce en un 5 por ciento el valor que las petroleras abonan a las fábricas de bioetanol de maíz”.

El proyecto, además, realiza un planteo en torno a qué tipo de balances han realizado sobre los “perjuicios que esta medida genera en las fábricas” del rubro antes de llevar a cabo la medida.

También, consulta al ejecutivo sobre “si se han estimado las consecuencias en puestos de trabajo, y el impacto en las economías regionales que esta medida ocasiona”, y sopesa lo tendiente a cuestiones ecológicas en el uso de bioetanol, ya que consideran que esta medida, lejos de estimular la producción, la reduce.

Al respecto, considera: “la medida además va a contramarcha de la tendencia a reemplazar paulatinamente los recursos no renovables por aquellos recursos renovables, y abundantes afortunadamente en nuestro territorio, atentos contra las fuentes de trabajo en medio de la crisis que soporta el mercado laboral y rompe con las reglas de previsibilidad necesarias en todo emprendimiento de largo plazo”.

Por otra parte, cuestiona “si se ha calculado cual será el impacto económico para las provincias afectadas”, “quiénes son los beneficiarios de tal medida” y cuáles son las razones por las que se les otorga tal beneficio a las petroleras en detrimento de los fabricantes de bioetanol de maíz.

Los legisladores apuntan a que esta medida está impulsada ante todo para beneficiar a una gran empresa que depende del estado: YPF y lamentan que se perjudique de ese modo a los fabricantes de bioetanol.

Concluyen en su argumento: “Esta medida se inscribe en el marco de una política energética errante que nos ha colocado ante la realidad de depender de la importación energética a valores siderales, entregando recursos no renovables mediante acuerdos secretos, y afectando además a generaciones de argentinos que se verán condicionados por este nivel de imprevisión”.