Costa Rica lleva instalados 50 MW de potencia fotovoltaica en concepto de generación distribuida. Son poco más de 2000 techos en comercios, industrias y hogares, que generaron 1.300 empleos directos y cerca de 4.000 indirectos gracias a una inversión superior a los 55 millones de dólares.

Mario Alvarado Mora, Director Ejecutivo de ACOPE, fue consultado sobre este y otros temas en una entrevista para Energía Estratégica para analizar los desafíos de Costa Rica en materia de energía eléctrica.

¿Cómo evalúa los cambios que se están desarrollando a nivel de la regulación para desarrollar generación distribuida?

Este es un tema que ha evolucionado lentamente en el país, a pesar de que esta forma de generación eléctrica empata bien con el Plan de Descarbonización propuesto por el Gobierno.

¿Está de acuerdo con el tope del 15 por circuito que establece el MINAE?

No estamos de acuerdo, pues no existe una base técnica que sustente el límite de 15 % por circuito.

¿Qué medidas podrían estimular la generación distribuida en Costa Rica?

Se requiere un nuevo reglamento que le de seguridad jurídica a la actividad, y que elimine los límites que restrinjan dicha participación; dejando a la discusión técnica la posibilidad de introducir nueva generación distribuida, para no afectar la seguridad del sistema eléctrico.

¿Han trabajado el tema con MINAE?

ACOPE agrupa a los productores de energía renovable con participación privada, interconectados a la red en voltaje de distribución (34,5 kV o 24,9 kV), o en el de transmisión (138 kV o 230 kV).

Estas plantas firman contratos con el ICE para abastecer la demanda nacional. Nuestro campo de acción no se relaciona directamente con la generación distribuida.  Sin embargo, siempre hemos apoyado esa iniciativa, pues es parte de las soluciones para atender la demanda eléctrica.

¿Y qué normativas considera necesarias trabajar en Costa Rica para acelerar la transición energética?

Se requiere la discusión de una Ley General de Electricidad, que permita una definición clara de los roles de los participantes.

Hoy en día el ICE, que es el actor dominante del sector eléctrico, tiene aproximadamente:

  • un 90 % de la generación (entre la propia y la contratada)
  • un 100 % de la transmisión
  • un 80 % de la distribución (en conjunto con la CNFL, su subsidiaria)
  • tiene a cargo la planificación eléctrica
  • tiene a cargo el despacho de carga y control de energía
  • es el único agente en el mercado centroamericano
  • es el único comprador de energía a nivel interno

¿Cómo impacta esta concentración?

Para promover la transparencia, eficiencia y competitividad del sector eléctrico, se considera importante que la planificación eléctrica nacional la ejerza el ente rector, y que el despacho de carga y control de energía sea independiente de cualquier actor eléctrico.

Además, teniendo en cuenta los cambios tecnológicos, es necesario crear el marco jurídico que permita la mayor interacción de los actores para atender las necesidades del sistema eléctrico dentro de un espacio de competencia, con el objetivo de reducir las tarifas, y dar paso a los proyectos nuevos más competitivos, todo para favorecer a usuario del servicio eléctrico.

¿Qué prioridades está trabajando ACOPE con las autoridades?

A corto plazo nuestras prioridades más importantes están centradas en los temas tarifarios y contractuales.

¿Y en el largo plazo?

A largo plazo nuestro sector tiene claridad de que Costa Rica requiere una ley de apertura, que introduzca gobernanza y ordene el sector eléctrico.

¿Cuántos socios conforman la institución actualmente?

Actualmente ACOPE tiene una membresía de 30 empresas afiliadas en el campo de la producción de energías renovables.

¿Y qué desafíos se han planteado como asociación para este 2020?

Los desafíos para este año 2020 están relacionados con los temas tarifarios y contractuales. Los asociados de ACOPE solo producen energía renovable, apoyando la matriz de producción de electricidad con energía limpia.

En Costa Rica la generación eléctrica con participación privada se considera un servicio público, y solo se puede hacer por medio de contratos de venta de energía firmados con el ICE (único comprador), quien define los términos de esa entrega de electricidad; y con tarifas previa y expresamente definidas por la ARESEP (autoridad reguladora). A nivel de los contratos se ha recibido por parte del ICE la señal de comprar energía solo cuatro meses al año, con el agravante de que el resto de esa producción limpia no se puede colocar en la demanda interna, o en el mercado centroamericano.

¿Esto frena la iniciativa privada?

Eso pone en el borde de la quiebra a las compañías que deban someterse a este tipo de imposición. Además de lo ruinoso que significa esa postura para las empresas de generación, es una mala señal y un contrasentido para el país, pues lo que se requiere en estos momentos en una reactivación económica, y aprovechar todas las fuentes renovables para apoyar el Plan de Descarbonización del Gobierno.

¿Por qué las tarifas son otro tema a revolver?

A nivel de las tarifas estamos ante un conflicto institucional entre la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (entre ellos el servicio eléctrico) y la Contraloría General de la República, en donde la segunda le ordena a la primera modificar las fijaciones tarifarias y las metodologías de cálculo para el sector de generación privada.  En el mundo occidente la autoridad reguladora tiene amplias facultades e independencia para ejecutar su labor regulatoria y tarifaria.  Esta intromisión indebida que estamos sufriendo en Costa Rica afecta la seguridad jurídica de los participantes en el sector eléctrico y pone en entredicho las potestades exclusivas y excluyentes del órgano regulador.