¿Qué elementos se destacan del borrador de la resolución?

Como novedad es destacable el mecanismo de prioridad de despacho para casos de congestión de transporte, para futuras ampliaciones de transporte y para ampliaciones a cargo de un interesado, lo que era un tema recurrente para los inversores en generación y modifica los principios regulatorios existentes en este aspecto. También es destacable la obligación de informar de manera transparente la capacidad de interconexión disponible y las ampliaciones en construcción o planificadas, lo que da mayor certeza en este campo al inversor. Asimismo tendrán impacto regulatorio los cargos por comercialización y administración y finalmente destaco la creación de los registros para la asignación de prioridad de despacho y de proyectos de generación de fuente renovable.

¿Podrá resultar interesante para usuarios avanzar en la compra de energía renovable?

El interés de los usuarios dependerá fundamentalmente de los factores precio, plazo contractual y valor de indiferencia de las multas a aplicarse por incumplimientos a las cuotas obligatorias. En la medida que del sistema de compra conjunta -con contratos a 20 años, respaldo de FODER y eventuales garantías de organismos internacionales, todo esto ausente en los contratos a término entre privados- resulten precios y condiciones con los que no pueda competir el mercado a término, entonces los grandes usuarios no tendrán incentivos para el cambio. Tampoco, siguiendo esa línea argumental, se generará oferta de generación suficiente que busque el nicho de grandes usuarios como clientes.

¿Qué sugerencias podría realizar a la resolución?

Aún está pendiente expresamente la regulación de inversiones en ampliaciones de generación existentes dentro de la misma SPE, pudiendo resultar una herramienta valiosa la posibilidad de re-direccionar excedentes de inversiones principales a amortizarse con los contratos con Cammesa bajo mecanismos de compra conjunta, hacia contratos a término. También en el plazo mínimo de contratos a término podría reglamentarse, al menos para equiparlos de alguna forma al plazo de 20 años de los actuales contratos con Cammesa. Bajo este proyecto el plazo sería de hecho de 5 años (dado por el plazo mínimo de reingreso al mecanismo de compra conjunta) lo que es escaso comparado con los 20 mencionados.

¿Hace falta trabajar sobre el aspecto del financiamiento?

El financiamiento no es un tema abordado, como tampoco lo es en el mecanismo existente de compra conjunta. Es de esperar que el FODER, que tiene funciones de financiamiento asignadas legalmente, pueda contribuir a ello en el futuro inmediato.

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