Los planteos de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica sobre la Iniciativa de Reforma Energética

La entidad representa a nivel nacional al sector de la Generación Solar Distribuida en México; las empresas afiliadas se encuentran distribuidas en 14 estados de la república, reúne a todos los actores de la cadena de valor del sector fotovoltaico en nuestro país; como son las empresas integradoras, proveedores, instancias financieras y fabricantes.


El lunes 21 de febrero de 2022, la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica, participó en el foro 22A “Usuarios, Pueblos Indígenas y Electricidad” del Parlamento Abierto, sobre la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, que el titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados, la tarde del jueves 30 de septiembre de 2021.

En primer término, a manera de contexto, presentamos a la AMIF; una Asociación que reúne a 81 empresas, distribuidas en 14 estados de la República, 65% de las cuales son instaladoras de sistemas fotovoltaicos, en generación distribuida, el resto son proveedores.

Las empresas instaladoras, en su mayoría son pequeñas y medianas empresas, mexicanas, fundadas por jóvenes, que crean y mantienen empleos profesionales y que forman parte de una gran cadena de valor que también genera empleos, bienestar y prosperidad para muchos mexicanos.

Lo que las empresas fotovoltaicas aportan al país, además de energía, es crecimiento económico, empleo; su actividad hace que este país sea más próspero y permite a los ciudadanos ejercer la libertad de gestionar su propio consumo y uso de energía; obtener ahorros en su gasto, y en este momento crítico, contribuir a su recuperación económica.

La AMIF ha sido y puede ser un apoyo para la transición energética, promover las buenas prácticas, impulsar la creación de empleos y contribuir a la profesionalización de las empresas y sus trabajadores. Es muy importante decir que como Asociación no tenemos ninguna posición política, y que nuestra misión es llevar el sol a las personas para que ejerzan con libertad su derecho a resolver y manejar sus necesidades energéticas.

En la iniciativa y en toda la discusión pública a partir de ella, se ha hablado muy poco de la Generación Distribuida, de hecho no se ha tocado en 21 foros de este parlamento abierto y no se ha dicho cuáles son las políticas públicas que se planean para su instalación y operación.

Se le ha mencionado, pero solo como “Paneles en los techos de casas y en el sector agropecuario”. Dado que el apartado de “Transición energética” de la iniciativa menciona a la Generación Distribuida como uno de los instrumentos a promover, para llevarla a cabo, vemos necesario definirla con claridad.

La generación distribuida es la generación de energía eléctrica a pequeña escala (menos de 500 kW), ubicada en el centro de carga o lo más cercana a él, con la opción de interactuar con la red eléctrica y puede aplicarse a centros de carga Residenciales, Comerciales e Industriales. De hecho, juega un papel muy importante para el suministro de electricidad en las comunidades alejadas, entre las que se cuentan muchos pueblos indígenas.

Para el Sistema Eléctrico Nacional existen múltiples ventajas de la generación distribuida, una relevante es que reduce las pérdidas de energía del sistema; en México se pierde en torno al 15% de la energía que se transmite en la red. Aunque en algunos casos la Generación Distribuida puede representar retos técnicos para la CFE, también le ayuda a resolver muchos más problemas; por ejemplo, le permite aplazar inversiones, atender cargas alejadas, mejorar la confiabilidad y seguridad de la red, reforzar las redes de transmisión y distribución, diversificar la matriz energética, tener más holgura en sus pronósticos y en el balance de la Carga y la Generación.

Para los usuarios la generación distribuida les permite consumir energía limpia, ahorrar en su consumo eléctrico y en el caso de los negocios los hace más eficientes.

Aun cuando la Generación Distribuida ha crecido mucho y constantemente, estamos muy por debajo de nuestras posibilidades como país, esto es, en torno al 2.45% de la capacidad de alojamiento de generación distribuida en circuitos eléctricos de media tensión.

Esta escala de generación es una alternativa tecnológica viable para contribuir a satisfacer la demanda de electricidad e impulsar el desarrollo de energías renovables de manera eficiente, con menores efectos para el Sistema Eléctrico Nacional, y democrática, pues también se traduce en empleo, en ahorro para el usuario y es una forma en la que los ciudadanos ejercen sus derechos.

Por todo lo mencionado, y tal como se expone en el Plan Nacional de Desarrollo, la Generación Distribuida juega un papel importante y es indispensable impulsarla; estamos de acuerdo en que sea de manera ordenada, sin desatender la confiabilidad del sistema y regulando la calidad de los componentes y de la instalación.

La Reforma implementada en 2013, tiene áreas de oportunidad y consideramos que se puede trabajar de manera conjunta en pro de un abasto suficiente y confiable de energía; pero creemos que no se requiere un cambio constitucional para este objetivo.

Desde que se envió la iniciativa, los funcionarios de la Secretaría de energía y de la Comisión Federal de Electricidad han explicado públicamente que la Generación Distribuida continuará y no se verá afectada, que en realidad será promovida por el gobierno federal; sin embargo, las leyes, y más aún la Constitución Política del país, trascienden las acciones inmediatas y las interpretaciones particulares; estas se analizan a la letra y se interpretan en el largo plazo, para dar certidumbre a los ciudadanos.

Debemos entonces analizar objetivamente la redacción del texto e interpretar los impactos que tendría de aprobarse tal como está escrita:

  • En el nuevo párrafo séptimo, del artículo 27 dice: “El Estado queda a cargo de la Transición Energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la Nación…”
  • En el artículo 28, nuevo párrafo sexto, dice: “La Comisión Federal de Electricidad estará a cargo de la ejecución de la Transición Energética en materia de electricidad, así como de las actividades necesarias para esta.”
  • En el quinto artículo transitorio dice: “Para la Transición Energética soberana se establece: política industrial para la electricidad, desde la transformación de recursos naturales, hasta la manufactura de equipos para usos finales; ciencia y tecnología nacional; propiedad intelectual del Estado, de tecnologías, sistemas y equipos; manufactura por entidades públicas de componentes y equipos considerados críticos; financiamiento de la banca de desarrollo y mercado nacional para crear empresas públicas, sociales y privadas de capital nacional.

Estos artículos excluyen a las empresas privadas que instalan sistemas fotovoltaicos y a toda la cadena de valor de la Generación Distribuida y habrá que tener en cuenta los costos de esta Transición energética que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en un estudio del 2017, ascienden a 67,750 millones de dólares para el periodo 2014-2030.

  • En el Segundo artículo transitorio, inciso A, dice: “Los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado, se cancelan, así como las solicitudes pendientes de resolución.”

Si bien los ciudadanos que poseen sistemas fotovoltaicos en la modalidad de Generación Distribuida no requieren permiso, si han suscrito contratos. La única interpretación posible es que todos los contratos de nuestros usuarios serían cancelados una vez que esto entre en vigor. Específicamente, en la cláusula octava, inciso C de los contratos de contraprestación se especifica como causa de terminación: “La modificación o contravención a las disposiciones que establece la Ley de la Industria Eléctrica, su Reglamento o a cualquiera de las Disposiciones Legales y Administrativas aplicables.”

  • En el Tercer artículo transitorio dice: “Los órganos reguladores coordinados en materia energética Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, se suprimen. Su estructura y atribuciones se incorporan a la Secretaría de Energía, en lo que corresponda.”

Esto nos preocupa mucho, pues un regulador independiente vigila que todos los actores del sector estén alineados al interés general y vela por la confiabilidad del sistema; ayuda a dirimir las diferencias entre estos actores, tanto públicos como privados y esto da confianza a consumidores e inversionistas. La iniciativa reconoce la importancia de la regulación, pero propone eliminar al regulador.

Su aplicación abriría margen a la discrecionalidad en la toma de decisiones, que impactarían la rentabilidad de las inversiones y provocarían desequilibrio en la relación entre usuarios, contratistas y suministrador desdibujando la oportunidad de participación del sector privado; la CFE sería un participante que establece reglas, tarifas, permisos y contratos; existiría una única ventanilla para la solución de controversias y estaría en la CFE.

En caso de que desapareciera la CRE, se pone en riesgo toda la normatividad, la regulación, manuales, certificaciones y contratos emitidos por ella, pues al no existir la instancia emisora, podrían quedar invalidados.

  • En el Segundo transitorio, inciso H, dice: “La CFE determinará las tarifas de las redes de Transmisión y Distribución, así como las tarifas para usuarios finales.” Tarifas, que hasta ahora fija la CRE y anteriormente fijaba la SHCP; lo que entre otras distorsiones puede, por ejemplo, llevar a que los consumidores decidan artificialmente abandonar la GD al tener un precio menor en unos casos y en otros podría hacer más atractiva la GD artificialmente.

Además de las afectaciones que ya han tenido la pandemia y las iniciativas de política pública desde marzo de 2020, de aprobarse la reforma se prevé un escenario de alta incertidumbre que afectará al mercado de la generación fotovoltaica. La reforma pone en riesgo 270 mil inversiones (según la última estadística de la CRE), con valor aproximado de 35 mil millones de pesos y futuras inversiones por más de 300 mil millones de pesos, afectando toda la dinámica económica de una extensa y nutrida cadena de valor y provocando daños al empleo y la economía del país.

Por otro lado, hay que contemplar que los sistemas se diseñan calculando cuál es la proyección financiera para la inversión; si se hacen cambios regulatorios, afectará a todos los ciudadanos que legítimamente se basaron en las normas vigentes para invertir.

El 28 de agosto de 2014 se publicó el Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), que tiene entre sus responsabilidades cuidar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución.

La iniciativa que hoy nos ocupa, abiertamente vulnera este derecho. Los usuarios no son simples pagadores de recibos, sino ciudadanos con la inquietud y el derecho de interactuar con la red eléctrica, de manejar su propia energía, de aprovechar los recursos naturales a su alcance, de almacenar energía, de utilizar la movilidad eléctrica entre otras posibilidades.

  • Estas medidas son contrarias al interés general del país, al de los usuarios, al de los empresarios de nuestra industria e incluso al de la CFE, pues pierde los beneficios antes señalados y la posibilidad de disminuir los subsidios que otorga.
  • La iniciativa centraliza las decisiones y va en contra de la libertad de los ciudadanos para gestionar su propia generación y su propio consumo energéticos.
  • Estas medidas establecerían que la innovación, la capacidad de emprender, de crear y participar en el cambio tecnológico, no van a estar en manos de cualquier ciudadano, sino de quien el estado elija.
  • Para el sector energético y para el país sería perjudicial que desaparezcan los órganos reguladores autónomos.
  • Es necesario seguir apoyando la participación de las empresas instaladoras de generación solar distribuida, su profesionalización y crecimiento. Lo que ellas hacen trae beneficios para la CFE, para las empresas, sus trabajadores y para los usuarios de energía.
  • La industria requiere claridad de parte de las autoridades sobre los planes que tienen respecto a la GD y el papel de las empresas privadas en ella.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Reciba las Noticias

Tildá los países de tu interés
Mantenemos tu datos en privado y sólo los compartimos con aquellas terceras partes que hacen el servicio posible. Lee nuestra política de privacidad para más información.

Edición Cuarta Edición 2020
Edición Tercera Edición 2020
Edición Segunda Edición 2020
Edición Primera Edición 2019


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com