Resumen del Informe

La gestión repitió la lógica neoliberal típica de aprovechamiento y explotación descontrolada de los activos que encontró a su llegada, nula planificación del desarrollo y total desinterés por la acumulación de aprendizaje tecnológico y especialización del recurso humano.

1) Se bastardeó la letra y el espíritu de la ley 27.191, sancionada con mayoría casi absoluta en septiembre de 2015, convirtiéndola en una «ley de protección de inversiones extranjeras».

2) Se utilizó el marco regulatorio como un mecanismo de transferencia de subsidios y beneficios impositivos y arancelarios a actores pre-existentes dentro del negocio energético, el «club de amigos presidencial».

3) Se ninguneó a la industria nacional, que tenía historia y antecedentes en el sector: su participación real después de 4 años no supera el 8% de las inversiones.

4) En un despliegue descontrolado y arribista, en 2 años se agotaron las capacidades de acceso a despacho del sistema de transporte, SADI: la prueba de esta carrera irresponsable es que a la 3era licitación, RenovAr 3, se le puso límite en el tamaño de los proyectos, en 10 MW.

5) En 4 años no se ejecutó ni 1 km de extensión del sistema de transporte eléctrico.

6) En 2019, ya casi terminando sus funciones, la Secretaría de Energía lanzó el denominado «Plan Director de Expansiones de Transporte Eléctrico TransportAr 1». Pareciera que los funcionarios salientes nunca leyeron el Plan Federal de Transporte Elèctrico I, que está vigente desde 1991 y contiene toda la planificación eléctrica prevista en el país.

7) Las licitaciones RenovAr para instalaciòn de energías renovables al sistema público adjudicaron 4466 MW de capacidad en las 2 primeras rondas; a la fecha se han puesto en operación (COD) 1053 MW (23.6%).

8) Para la misma fecha se asumían en construcción unos 1400 MW adicionales. No obstante, desde la imposición del cepo cambiario, ningún proyecto garantiza cumplimiento de los cronogramas comprometidos.

9) Forzando normativa de segundo orden (resoluciones, decretos y normas) tergiversaron el espíritu y sentido de las leyes marco, 26190 y 27191, adjudicando beneficios arancelarios y tributarios ilegítimos a empresas extranjeras.

10) El «costo» de los proyectos RenovAr asciende a un estimado de aproximadamente USD 10.500 millones (sumando importaciones, pago de energía en dólares en los próximos 20 años y beneficios impositivos y arancelarios) un enorme golpe a la balanza comercial del país, que se encargaron de criticar con la compra de combustibles durante el gobierno Kirchner.

11) Esas inversiones representaron unos 5000 puestos de trabajo directos en el país, muchos de los cuales están siendo dados de baja por suspensión de las obras (desde la instalación del cepo cambiario).

12) Por cada puesto de trabajo creado en nuestro país, el esquema de inversiones macrista creó 3 puestos AFUERA del país.

13) Hoy se sabe que el gobierno utilizó algunos proyectos renovables para beneficio inmediato y personal de funcionarios de alto rango; hoy esos casos ventilan en la JUSTICIA (Causa Parques Eólicos).

14) Este resumen no contabiliza impactos económicos negativos en los contratos MATER (mercado de energía renovables entre privados) y Autoconsumo; que podrían agregar unos USD 2.000 millones más de perjuicio.

15) En Generación Distribuida, además de la sanción de la ley 27.424 no han habido avances significativos: el RENUGER, Registro de Usuarios Generadores no ha sido publicado y no está claro los pasos a seguir para los interesados.

16) Se ha modelado un avance de las energías renovables que no es sostenible desde el punto de vista técnico ya que se trata de una fuente intermitente, que desestabiliza las redes para las que no se ha previsto capacidad de transporte y que compite con proyectos de generación de base.

17) En particular, en energía solar, se han construido y se están pagando parques que no pueden aportar a las redes por su intermitencia.