Hoellinger vino acompañado por representantes de un fondo de inversión europeo y de un banco americano con el que ya el año pasado se había firmado una carta de intención para financiar parte del proyecto que se estima costará 70 millones de dólares.

Esta propuesta venía avanzando a paso firme pero según explica Vanesa Revelli, directora para Latinoamérica de la compañía, se vio interrumpida a partir de la suspensión de la Resolución 108, normativa que daba sustento legal y permitía avanzar en Acuerdos de Compra de Energía (contratos PPA).

Frente a esta situación, el máximo ejecutivo de la multinacional decidió conversar directamente con Juan José Aranguren, el Ministro de Energía, y Alejandro Sruoga, el Secretario de Energía Eléctrica. Intentará encontrar un mecanismo legal que viabilice la puesta en marcha del parque. “Tenemos mucho interés por el mercado de Argentina y expectativas de que se pueda encontrar una solución”, asegura Revelli.

De acuerdo a las proyecciones y estudios de medición de vientos, el parque eólico de La Pampa permitiría abastecer con energía eléctrica a 20 mil familias y dejaría un saldo positivo al país de 10 millones de dólares, además de reactivar la industria nacional.

Las turbinas que se instalarían a priori serían de marca VESTAS mientras que las torres las aportaría Metalúrgica Calviño, una compañía de capitales locales. “Siempre intentamos integrar la producción local”, destaca Revelli, en relación a los más de 850 MW de potencia que tienen en carpeta instalar en Argentina.

Andreas Höllinger_Porträt

El proyecto “La Banderita” ya cuenta con la licencia ambiental otorgada Subsecretaría de Ecología, la inscripción ante la Administración Provincial de Energía (APE) de la firma como transportista de energía, y la declaración “de interés municipal” del proyecto por parte del Concejo Deliberante de General Acha.

La urgencia con que se busca reactivar el proyecto tiene que ver con el vencimiento de la carta de intención por parte de los bancos extranjeros. En realidad, el convenio vencía el 31 de enero, pero dado el recambio de autoridades y el interés por la propuesta de ABO, las entidades financieras concedieron el pedido de prórroga pero ya está nuevamente próximo a caducar.