En Santa Fe se produce el 80% de la producción nacional de biodiesel, a través de 20 plantas, entre grandes y pequeñas, que en total emplean a 6.000 personas, principalmente en la zona del Gran Rosario, el cordón industrial más importante de la provincia.

Por eso, el Gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, reaccionó con urgencia a la decisión de Estados Unidos de elevar los aranceles contra ese producto de entre 50, 29% a 64,17%, por supuesta situación de “dumping”.

Hasta el lunes, el Gobierno argentino tiene tiempo de presentar una propuesta. Y la idea es aunar criterios entre los diferentes niveles del Estado y los privados para que no se caigan las exportaciones.

Maximiliano Neri, subsecretario de Energías Renovables de Santa Fe, advierte que de no encontrar una salida “el impacto en toda la cadena de valor va a ser muy importante”.

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Hoy, Lifschitz y su equipo analizarán el tema en la Casa de Gobierno, junto con los empresarios nucleados en la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO y la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradores de Biocombustibles (Cepreb).

“La idea es tratar de unificar criterios para ver qué medida se puede tomar; es un tema que preocupa y mucho a nuestro Gobierno”, anticipa Neri en contacto con Energía Estratégica.

En 2016, Estados Unidos compró 1.5 millones de toneladas de biodiesel argentino por 1.200 millones de dólares, convirtiéndose en el principal destino por lejos.

Anteriormente, la industria local exportaba el grueso de su producción a la Unión Europea, pero por motivos similares a los que determinó esta semana el Departamento de Comercio de Donald Trump, los países dejaron de comprar.

La expectativa más optimista supone que entre septiembre u octubre se logre conseguir un fallo favorable para Argentina, lo que reactivaría los embarques a España y otras naciones europeas. No obstante, las condiciones no serían idénticas a las que regían tiempo atrás: se debería pagar un arancel del 6,5% más lo que se determine como antidumping, que oscilaría entre el 4% y el 10%.

Si el país del norte no corrige su posición, la expectativa por volcar los excedentes vuelve a apuntar a Europa y al mercado interno. También se destinará mayor volumen de aceite de soja a exportación, dejando ociosa gran parte de la capacidad operativa de las plantas de biodiesel.

«El problema es que tenes costos fijos sin amortizar y va a caer el precio del aceite en los mercados internacionales», explica un ejecutivo de una compañía instalada en la rivera del Río Paraná que prefirió no ser citado en la nota.

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Sobre este último punto, hay bronca entre los empresarios por la demora del Gobierno en elevar el corte obligatorio con diésel en el mercado interno por encima del 10%, tal como establece actualmente la reglamentación.

En un momento, se pensó en aprovechar la capacidad ociosa obligando a utilizar un de bio 20% en el transporte de cargas, pasajeros y para uso agrario e industrial.

Incluso, el año pasado las firmas de mayor peso solicitaron su utilización para generación eléctrica, en reemplazo del gasoil importado que se quema en las centrales térmicas distribuidas a precios muy superiores a otras alternativas renovables.