El proyecto ingresó bajo el número de expediente 4655/16 y lleva la firma de los siguientes legisladores: Silvina M. García Larraburu.- María I. Pilatti Vergara.- María E. Labado.- Anabel Fernández Sagasti.- Hilda C. Aguirre de Soria.- Ana C. Almirón.- Julio C. Catalán Magni.- Beatriz G. Mirkin.- Virginia M. García.- María M. Odarda.- José J. Alperovich.- Daniel R. Pérsico.- Nancy S. González.- Pedro G. Guastavino.- Gerardo Zamora.- Marcelo J. Fuentes.

En definitiva, solicitan al Poder Ejecutivo Nacional que informe motivos y fundamentos para la condonación de la deuda que diferentes empresas mantienen con CAMMESA por el monto de 19 mil millones de pesos.

En particular, exigen información sobre los “fundamentos técnicos” de tal medida, también conocer si está prevista alguna acción de compensación para las empresas que han cumplido con los pagos en tiempo y forma durante el año 2016.

En los fundamentos, reconocen que “la situación económica que atraviesan actualmente las empresas prestadoras de servicio eléctrico en todo el país, es sin duda delicada. No sólo porque los indicadores inflacionarios -tal cual lo revelan los informes mensuales del INDEC- comprometen sus costos operativos, sino porque por la propia naturaleza del servicio que prestan los obliga a realizar inversiones de infraestructura que tienen costos elevados”.

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Sin embargo, comparan que “son muchas las empresas provinciales que están al día con Cammesa y han aumentado las tarifas como consecuencia del incremento de la energía mayorista dispuesto por el Poder Ejecutivo”.

El artículo 15 del proyecto Presupuesto 2017 establece la “condonación” de deuda sólo para las empresas Edenor, Edesur, Edelap, Epec, Secheep, DPEC, Edemsa y EPE, en base al saldo deudor que mantienen con CAMMESA por el monto de 19 mil millones de pesos.

“La medida resulta sumamente injusta y discriminatoria con las empresas que hacen un esfuerzo por estar al día. Cabe agregar que con esta disposición, se sienta un precedente para que estas obligaciones puedan eludirse y sea el Estado Nacional quien deba cargar con su financiamiento”, advirtieron.

Asimismo, señalan que en el articulado no se aclara la fecha límite, por ende la deuda de las distribuidoras puede aumentar en los próximos meses y seguir beneficiándose a costas del Estado nacional y el bolsillo de la población.

“Es dable resaltar que se trata de empresas que no invirtieron y deterioraron profundamente el servicio. La falta del suministro representa cerca del 75% de los reclamos de los usuarios registrados y en las audiencias públicas sólo se comprometieron a reducir los cortes apenas en un 55% a lo largo de cinco años en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires”, refutaron.

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Lo explicaron, considerando incluso que “resulta entendible que muchas empresas hayan diferido o incumplido con el pago de sus deudas con CAMMESA. Pero debe reconocerse que las empresas que hicieron el esfuerzo de pagar esas deudas durante el presente ejercicio, merecen una consideración semejante frente a la posibilidad de que se aplique un subsidio o un beneficio extra”.

El objetivo del proyecto fue resumido en pocas palabras: “con criterio de estricta equidad y justicia un beneficio tan importante como la eventual quita, compensación o subsidio por deudas a CAMMESA, debe hacerse extensivo a las demás”.